El PSOE ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para poner trabas a los grupos provida en sus acciones en contra del aborto y a favor del derecho a la vida. Según un escrito de los socialistas enviado a la mesa del Gobierno, al que ha tenido acceso COPE, la formación pide "penalizar el acoso" en las mujeres que acuden a clínicas para la "interrupción voluntaria del embarazo".

Distintas agrupaciones provida se reúnen a las puertas de los centros en los que se realizan abortos para informar a las mujeres de las graves consecuencias que esta práctica tiene sobre ellas, tanto a nivel físico como psicológico, y sobre el feto. Según la Asociación de Clínicas Acreditadas del embarazo (ACAI), un 89% de las mujeres que acudieron a sus centros se han sentido "acosadas" y un 66%, "amenazadas" por estas personas. Este estudio, el único en el que se apoya la petición de cambio de normativa, está hecho a trescientas mujeres que acudieron a abortar en algunas de dichas clínicas.

Con este argumento, el PSOE pide penas de tres meses a un año de prisión "a quienes hostiguen o coarten la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo, favoreciendo o participando en concentraciones en proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos, causando un menoscabo en la libertad o intimidad de ésta". Además, los tribunales también podrían imponer "la prohibición de acudir a determinados lugares por un tiempo de seis meses a tres años".

De esta manera, el PSOE se adelanta a la petición que hizo la ministra de Igualdad, Irene Montero, para acordonar o crear un espacio "seguro" en los alrededores de los centros abortistas. "La próxima reforma de la Ley del aborto debe garantizar que el derecho a decidir se ejerza con libertad y seguridad, protegiendo a las mujeres que acuden a estas clínicas", señaló en redes sociales el pasado 27 de marzo después de que un centro privado amaneciera con pintadas en contra del aborto.

REACCIÓN DE LAS ASOCIACIONES PROVIDA

Grupos como Derecho a Vivir o la Federación Española de Asociaciones Provida creen que esta acción es una estrategia más del Gobierno de arrogarse "la exclusividad de los derechos de la mujer mientras las abocan sin alternativa ni ayuda al drama del aborto". “Ellos piden ahora sanción, mordaza y censura contra los voluntarios-rescatadores que ni viven del negocio del aborto -que deja 50 millones de euros anuales a los empresarios de la muerte-, ni ganan nada por conseguir que una mujer decida darle una oportunidad a su hijo y a ella misma”, explica Rosana Ribera de Gracia, portavoz y coordinadora de Derecho a Vivir. Además, todos ellos subrayan que sus acciones ante las clínicas abortistas se reducen a informar a las embarazadas de los riesgos de dicha práctica y para evitar "la muerte provocada de un ser humano inocente e indefenso". Entre otras cosas, invitan a las mujeres a hacerse una ecografía previa y a interesarse por la situación familiar, social o económica de esa persona. "¿Le parece que ofrecer ayuda económica y laboral, un rato de conversación, invitar a un café, ofrecerle hacerle una ecografía gratuita para que vea y escuche a su hijo son cuestiones a calificar como un acoso intolerable?”, se ha preguntado la portavoz de Derecho a Vivir.

En 2019, 99.149 mujeres pusieron fin a un embarazo, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Esto supone 3.232 abortos más que el año anterior y la cifra más alta desde 2013, cuando se registraron 108.690. El 90,90% de las intervenciones se hicieron a petición de la mujer y el grupo de edad con más peticiones fue entre los 25 y los 29 años.