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La nueva ley del aborto no cambiará la objeción mayoritaria de los médicos

Según los expertos consultados por COPE, "hay una gran cantidad de hospitales en los que no se hacen abortos, porque es una práctica que no quieren hacer los médicos"

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Carmen Labayen
@carmenlabayen

Jefa de Sociedad, Nuevas Tecnologías y Casa Real en COPE

Madrid

Tiempo de lectura: 6'Actualizado 17:43

Reforma tras reforma y ley tras ley, la realidad no cambia y es que la objeción de conciencia entre médicos y enfermeros sigue siendo mayoritaria ante el aborto. Es por ello que se estima que casi el 85 por ciento de los abortos se practican en centros concertados o privados. Algo que, según los expertos consultados por COPE, no va a modificar el cambio legislativo que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez ni tampoco el establecimiento de un registro de objetores como el implantado para la eutanasia.

De ser aprobado finalmente cuando llegue el momento por el Congreso, el texto que ha impulsado el ministerio de Irene Montero permitirá abortar a las chicas de 16 y 17 años sin consentimiento paterno y también a las mujeres con discapacidad. Elimina el periodo de reflexión de 3 días y la necesidad de proporcionar información sobre las ayudas y los recursos disponibles para la maternidad salvo que la pida explícitamente la mujer.

Son las principales novedades del anteproyecto de ley que ahora comienza su andadura. Tras dos informes del Poder Judicial y del Consejo de Estado, el texto volverá a Moncloa para dar inicio a su tramitación parlamentaria que según ha señalado la ministra de Igualdad Irene Montero en la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros se hará por la vía de urgencia “para modificar y mejorar la ley de 2010” aprobada durante el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

La mayoría de las medidas introducidas van en la misma dirección: un retroceso en la protección del no nacido y de las madres embarazadas en situación más precaria según lamentan desde la organización Red Madre. Según ha explicado su directora general Amaya Azcona en Mediodía COPE “dejará abandonadas a su suerte a las embarazadas más vulnerables y también a las que tiene 16 y 17 años que pueden quedar bajo la presión de personas que pueden incluso haber cometido delitos contra ellas”.

Accesibilidad en cuestión

Los ginecólogos reconocen que será difícil garantizar la accesibilidad en el centro más cercano como tiene por objetivo la nueva legislación. Y todo porque como explica a COPE Txantón Martínez-Astorquiza, presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) : “hay una gran cantidad de hospitales en los que no se hacen abortos, porque los médicos y sanitarios son objetores y es una práctica que no quieren hacer”.

Se estima de hecho que a día de hoy los abortos practicados en hospitales públicos rondan el 15 por ciento de total. Preguntada por cómo se garantizará esa accesibilidad en el centro público más cercano, la ministra Montero se ha limitado a señalar que se hará conjuntamente con Sanidad “mediante la regulación de la objeción de conciencia de forma que se respete el derecho constitucional y que al mismo tiempo se puedan organizar los servicios de forma que siempre haya personal no objetor que garantice también el derecho de la mujer”.


Pero según explica en COPE José María Domínguez Roldán, presidente de la Comisión de Deontología del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos: “la implementación en cada uno de los hospitales no es fácil, requiere de normas y de medios, retribución y financiación, pero, además, en el caso del aborto, conllevaría que un número suficiente de médicos no fueran objetores de conciencia”.

Algo que está lejos de la realidad porque según afirma Domínguez Roldán, desde un punto de vista moral y deontológico, “el aborto no debe considerarse como un acto médico de forma genérica, hay ciertas circunstancias como cuando está en peligro la vida de la madre en el que hay un dilema de vidas, pero aquí de lo que estamos hablando es de salvar vidas y no de eliminarlas”. Considera que hay una contradicción ente los valores naturales y el derecho que se traduce en leyes y que la nueva legislación es una nueva oportunidad para que reflexionen los médicos y también el conjunto de la sociedad.


Para Martínez-Astorquiza hay un problema adicional y es que “si yo me pongo en una lista que estoy a favor de hacer los abortos puede ser que alguien me contrate solo para eso o me contrate y me obligue a hacer solo eso entonces la gente no quiere porque profesionalmente no es muy gratificante a diferencia de nuestra especialidad que si lo es”.

Considera que se debe “valorar si es factible garantizar en la práctica la accesibilidad al ser en muchos hospitales todos los médicos objetores y como no se puede obligar a nadie habrá que encontrar fórmulas alternativas”.

Registro como con la Ley de Eutanasia

El registro de objetores de conciencia: se pondrá en marcha en cada autonomía y, como sucede con la Ley de Eutanasia, los profesionales que quieran inscribirse deberán hacerlo por antelación y por escrito aunque como recalca el presidente de la Comisión de Deontología del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos no se podrá tampoco evitar que la ejerzan los médicos de forma sobrevenida si a pesar de no haberse inscrito se encuentran ante una situación médica contraria a sus valores o sus creencias.

“En nuestro país se está casi estigmatizando a quien exprese públicamente sus valores personales consolidados" señala Domínguez Roldán quien pide que se aborde en profundidad y con apertura y respeto la tensión que existe entre ley natural y derecho. En su opinión, “sí tiene que haber algún tipo de registro para que se pueda armonizar la ley con el derecho del médico a objetar”.

Para Martínez-Astorquiza, en cambio, “pensamos que no es correcto crear un registro como el planteado, tenemos además dudas de que sea legal. Si hay necesidad de ponerse en alguna lista, esa lista debe ser controlada por los colegios médicos y no por los poderes públicos porque puede ser mal utilizados en forma de coacciones o no contratación”.

No hará falta consentimiento paterno para abortar con 16 y 17 años

El anteproyecto aprobado este martes por el Consejo de ministros vuelve a establecer, como también lo hacía la de 2010 reformada posteriormente por el Gobierno del Partido Popular en este único punto, que las jóvenes de 16 y 17 años podrán abortar sin necesidad de consentimiento paterno. Y lo mismo se aplica para las mujeres con discapacidad.

Para Martínez-Astorquiza y a título personal: “lo lógico sería que al igual que no pueden votar ni conducir hasta los 18 años se consultara a los padres, tener ese apoyo y ese permiso me parece importante”.

Ni 3 días de reflexión ni información sobre ayudas a la maternidad

El anteproyecto elimina la obligatoriedad de ofrecer información sobre las ayudas y recursos disponibles para la maternidad salvo que la mujer lo pida expresamente y suprime también el plazo de reflexión de 3 días porque según ha recalcado Irene Montero “el Estado no puede dudar cuando una decisión ya ha sido tomada”.

A juicio del presidente de la principal sociedad científica de ginecólogos es, en cambio, un error: “me parece importante mantener el proceso de reflexión, también por la propia mujer, 3 días de reflexión me parece importante y lo digo desde mi propia experiencia que llevo muchos años que llevo desde el 83 trabajando como médico objeto lo que he constatado es que hablando con la gente se cambia de opinión”.

Anticonceptivos gratis en los institutos y educación en salud sexual desde la primera infancia

En esta nueva propuesta, los anticonceptivos serán gratuitos en los institutos entre otros lugares. Además, se refuerza la educación en salud sexual que “será obligatoria desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida de la mujer para avanzar en temas como el conocimiento del cuerpo, la noción de consentimiento, la diversidad de género, el maltrato, los métodos anticonceptivos y combatir la violencia machista además de promover la salud menstrual”.

Y es que según Montero “debemos decidir entre si queremos que los niños aprendan con pornografía o que desde las instituciones acompañemos ese aprendizaje”.

La salud menstrual como derecho y bajas por reglas dolorosas

Las mujeres con reglas dolorosas y discapacitantes tendrán por primera vez derecho a bajas laborales independientemente del tiempo que hayan cotizado. Será un médico el que determine la duración, se considerará una incapacidad temporal (ITT) y la financiará desde el primer momento la Seguridad Social algo que hasta ahora no ocurría.

Es una de las medidas que más ha dado que hablar en los últimos días y es que los ginecólogos cifran en 15 por ciento las mujeres susceptibles de acogerse a la medida, la mayoría por sufrir enfermedades como endometriosis u ovarios poliquísticos.

Para hacerlo posible el Ministerio de Igualdad negoció con Trabajo e Irene Montero ha cifrado en 24 millones de euros el coste de la medida. No ha obtenido en cambio el visto bueno de Hacienda para que rebajar como pretendía inicialmente el IVA de los productos de higiene femenina que seguirá, de momento, en el 10 por ciento, pero asegura que seguirá peleando hasta lograr poner fin a la "pobreza menstrual"

Permiso preparto desde la semana 39

Es de las pocas medidas favorables a la maternidad del texto. Se barajó un permiso laboral preparto a partir de la semana 36 que no reste ni un día a la baja de las mujeres tras ser madres y finalmente se ha establecido a partir de la semana 39, algo que tendrá un coste que la ministra Montero ha cifrado en 57 millones de euros.

Se perseguirá la publicidad de vientres de alquiler

El anteproyecto también aborda gestación subrogada que es considerada como una de forma de explotación reproductiva de la mujer. Es una práctica prohibida en España y desde ahora se prohíbe también la publicidad de las agencias que llevan a cabo esta práctica en el extranjero, pero se ha eliminado la persecución a las parejas que recurren a ella en el extranjero al considerar el Ministerio de Justicia que aún es necesario evaluar el impacto jurídico de la medida.


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