Los rastreadores se convirtieron en una pieza fundamental sobre el terreno tras la llegada del coronavirus a España. Después del primer estado de alarma, la primera desescalada y la segunda ola, estos fueron el muro de contención para mantener a raya el virus en los momentos con la incidencia más baja. Todos los expertos recomendaban que hubiera un rastreador por cada cinco mil habitantes para poder identificar correctamente la cadena de transmisión y así mantener controlada la covid-19.

No obstante, con la llegada de la tercera ola se batieron récords en cuanto a contagios. La llegada de vacunas y la vacunación masiva han servido para dejar a un lado esta labor a un lado y apenas hemos vuelto a saber nada de ellos. No llenan los titulares como lo hicieron hace un año pero ellos, sin embargo, continúan trabajando sobre el terreno. Llamada a llamada siguen siendo los encargados de rastrear los contactos estrechos de todas aquellas personas que han dado positivo en coronavirus.

Sin embargo, son muchos contagios los que se notifican diariamente y pocas personas para llevar a cabo la vigilancia y seguimiento. En declaraciones a RTVE, Alberto Torres, miembro de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), asegura que lo recomendable es que se puedan identificar entre los seis y los siete casos por cada persona positivo. En España, no obstante, tan solo se consiguen identificar de media dos. Según la SEMPSPH, más del treinta por ciento de las personas contagiadas no han podido ser identificadas por los rastreadores.

Ahora, con la llegada de la variante británica, que en palabras del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, "es predominante en España", vuelven a saltar las alarmas. No porque pueda llegar a ser más letal sino porque es más transmisible que las variantes que han surgido posteriormente. Por ello, el rastreo adecuado de los casos y el seguimiento es fundamental, y son muchos los que se quejan que son insuficientes, porque los esfuerzos ahora están dedicados especialmente a la vacunación. En los rastreadores recae parte de la responsabilidad para detener la transmisión comunitaria y dada su importante labor, el Gobierno desarrolló en agosto del año pasado la aplicación Radar COVIDcon el objetivo de que pudiera facilitar su trabajo de seguimiento e identificación.

Radar COVID: el apoyo a los rastreadores que tan solo han descargado el 15 por ciento de los españoles

A mediados de agosto, comenzó a funcionar de forma oficial la aplicación móvil del Gobierno Radar COVID, desarrollada por las pautas internacionales fijadas por Google y Apple, cuyo único objetivo era detectar riesgos de contagio del virus. Eso sí, desde el principio se advirtió que no se trata de una aplicación ideada para sustituir a las personas que realizan un rastreo de los contactos infectados, sino más bien como un complemento adicional para facilitar su labor.

El proyecto se impulsó con muchas esperanzas, pero los resultados no han sido los esperados. Según los últimos datos oficiales, desde el pasado 28 de marzo, algo más de 7,2 millones de personas han descargado la app, un 15,2 por ciento de la población total española. Por su parte, desde el pasado 18 de agosto del año 2020 (último día del que se tiene constancia), se han detectado 55.694 casos positivos

Actualmente son dieciséis países europeos conectados con la aplicación. Una lista que se conforma por Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Italia, Malta, Noruega, Países Bajos, República Checa, Irlanda, Letonia y Polonia.

Radar COVID se probó con éxito en La Gomera y tras su aparente éxito, el Gobierno pidió a las comunidades autónomas que integraran la aplicación en sus Sistemas de Salud. Las primeras en completar esta integración fueron Andalucía, Cantabria y Aragón. Otras como la Comunidad de Madrid y Cataluña tardaron algo más.

El proyecto fue muy criticado, ya que ha habido mucha opacidad entorno al desarrollo del mismo. Nunca se llegó a publicar un informe detallado sobre los resultados de la prueba piloto. El contrato se adjudicó, sin publicidad y de emergencia, a la empresa Indra por un total de 330.537 euros. Meses después, a principios de diciembre del año pasado, el Gobierno contrató a la misma empresa para mantener la aplicación, el soporte e incluso la evolución de la app durante dos años más por un total de 1,4 millones de euros. Un nuevo contrato también sin publicidad y tramitado, de nuevo, de emergencia.