El juicio al fiscal general del Estado arranca en el Supremo por la presunta filtración de datos del novio de Ayuso

La semana judicial arranca con un hecho sin precedentes en la historia de España: Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado, se sienta en el banquillo del Tribunal Supremo. El juicio, que ha comenzado este martes, busca determinar si cometió un delito de revelación de secretos al difundir información confidencial de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Este proceso ha generado una enorme expectación al ser la primera vez que el máximo responsable del Ministerio Público es llevado a juicio.

Las claves del proceso judicial

El tribunal investiga si la filtración de datos privados de González Amador fue una maniobra orquestada para atacar políticamente a Isabel Díaz Ayuso. La acusación sostiene que García Ortiz fue una pieza determinante en la difusión de un correo electrónico que detallaba la investigación fiscal contra la pareja de la presidenta. Por estos hechos, el fiscal general se enfrenta a posibles penas que oscilan entre 4 y 6 años de cárcel. A pesar de la gravedad de los cargos, García Ortiz ha insistido en todo momento en su inocencia.

El juicio, que por decisión unánime del tribunal no podrá ser seguido en directo ni íntegramente en diferido, se prolongará hasta el 13 de noviembre. La declaración del fiscal general es uno de los momentos más esperados y está prevista para el penúltimo día, el 12 de noviembre, justo antes de las conclusiones finales. La vista ha comenzado con el testimonio del fiscal de delitos económicos, Julián Salto, quien investigó originalmente a González Amador y mantuvo la comunicación con su abogado.

Testigos clave y el respaldo del Gobierno

Durante las próximas semanas, pasarán por el Supremo varios fiscales que estuvieron vinculados al caso, como la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, así como los jefes de prensa de la Fiscalía. También declararán como testigos el propio Alberto González Amador como querellante, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, Juan Lobato, y varios periodistas. Este desfile de testigos será clave para esclarecer los hechos que rodearon la polémica nota de prensa.

Mientras tanto, a menos de 24 horas del inicio de la vista, el Gobierno de Pedro Sánchez ha cerrado filas en torno al fiscal general. Desde Moncloa insisten en defender su inocencia y enmarcan su apoyo en que siempre estarán “del lado de quienes persiguen a los delincuentes”, en una clara alusión a la situación fiscal de González Amador. Para el Ejecutivo, el juicio es un mero trámite y lo consideran parte de una “cacería judicial” contra el presidente.

Fuentes socialistas no han dudado en calificar la causa como una “injusticia como una catedral” y confían en que “quedará en nada”. En el entorno presidencial se lamentan de que el foco mediático no se haya puesto en el origen del escándalo, es decir, en el presunto fraude fiscal de la pareja de Ayuso. Con esta estrategia, el Gobierno se prepara para aguantar el pulso judicial y mantener su respaldo a Álvaro García Ortiz durante todo el proceso.