El 53 % de los ciudadanos no tiene acceso a juzgados especializados en crisis familiares, algo que para la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa) supone un agravio territorial y crea inseguridad jurídica, además de demoras en la tramitación de los procesos.

Así lo ha denunciado este miércoles Aeafa en un informe elaborado a partir de las estadísticas recientes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la planta judicial en España que reflejan que sólo hay 124 juzgados de Primera Instancia especializados en asuntos de Familia repartidos entre 56 partidos judiciales.

Esto implica que más de la mitad de la población del país, el 53 % de los residentes, no tiene acceso a este tipo de servicio público cualificado para resolver cuestiones tan delicadas como el divorcio, la custodia de los hijos, la herencia o la tutela y protección de personas discapacitadas.

Además, durante 2019 solo se ha creado un juzgado más de Primera Instancia propio de Familia, concretamente en Lleida.

Mientras tanto, el número de secciones de audiencias provinciales de Derecho de Familia seguía igual: 18 repartidas entre 16 provincias. Por tanto, en 32 provincias sus ciudadanos no tienen derecho a que sus crisis familiares sean revisadas por un tribunal especializado.

Así, en España, solo los residentes en grandes núcleos de población pueden acceder a juzgados con jueces, fiscales y equipos técnicos especializados.

"Esta situación provoca un agravio territorial, respuestas jurisdiccionales dispares, inseguridad jurídica y demoras en la tramitación de los procesos, que en muchas ocasiones potencian las situaciones de violencia de género y filioparental", ha advertido la presidenta de Aeafa, María Dolores Lozano.

Ha puesto el ejemplo de los casos de custodia compartida de los hijos, y ha indicado que hay juzgados de Primera Instancia y juzgados Mixtos (que atienden asuntos penales y civiles) que desoyen la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo y se muestran más reacios a su concesión.

En cuanto a los retrasos en el sistema judicial, la situación también empeora cuando las crisis familiares recaen en estos juzgados generalistas. "Los asuntos civiles en los juzgados mixtos están supeditados a la agenda penal. Así, ante la entrada de una causa con preso, la civil pasa a segundo plano, se suspende y se pospone la fecha del juicio de familia", especifica Lozano.

"El atasco del sistema judicial provoca que, por ejemplo, las demandas de medidas provisionales para regular la situación de la familia puedan demorarse hasta nueve meses y, en algunas localidades, todavía más", asegura.

Esto crea situaciones muy graves cuando en un conflicto de divorcio la madre o el padre se niega a que los hijos tengan relación o pasen tiempo con el otro progenitor, o cuando uno de ellos se niega a pagar la pensión de alimentos hasta que un juez lo determine.

También puede suceder que los dos miembros de la pareja se resistan a abandonar la vivienda por temor a que su marcha influya en la decisión posterior de los tribunales. "Esta convivencia forzada potencia las situaciones de violencia de género y filioparental", afirma Lozano.

Por su parte, la situación en las audiencias provinciales no ha mejorado en España puesto que no se han creado más secciones especializadas en Familia.

En total, existen 18 repartidas entre 16 audiencias provinciales, las mismas que en 2018, y que atienden al 61 % de la ciudadanía. Por tanto, más de 18,5 millones de españoles se quedan sin que sus recursos de apelación sean atendidos por audiencias provinciales especializadas en Derecho de Familia. EFE