2024 es la fecha a día de hoy. Algo más de dos años es la media en España para que un juzgado resuelva un asunto laboral. Incluso, a veces, puede ser algo más, como es el caso de Andalucía, y en concreto de Sevilla, donde ya se señalan juicios para 2026. Y la pregunta que se hace cualquiera es qué hace hasta ese momento una persona que se acaba de quedar sin trabajo o que tiene un problema laboral. De qué vive durante esos dos años o dos años y medio. Cada historia es un mundo y cada una de estas personas se tienen que buscar la vida mientras dura su lucha. Cualquiera se echa las manos a la cabeza, desde el afectado hasta el juez. Los juzgados de lo social están saturados desde hace mucho tiempo y con la pandemia han aumentado mucho más los casos laborales.

Esperar más de tres años para el juicio es el caso de José Luis, un recién doctorado que ha llegado hasta el Tribunal Constitucional. Ha pedido amparo por tener que esperar más de tres años para que se celebre su juicio contra la Universidad de Sevilla. En junio de 2021, el abogado de José Luis, Daniel Sánchez Bernal, presentó una demanda laboral en un juzgado de lo Social de Sevilla por “incumplimiento de la formalización del contrato postdoctoral”, y fijan el juicio para noviembre de 2024, cuenta a COPE el letrado. Ha llegado hasta allí tras el rechazo de todos los recursos presentados. Considera que se vulneran los derechos de su cliente por tener que esperar tanto tiempo. “Una justicia tardía no es Justicia”, nos dice Sánchez Bernal. Y califica este caso de “aberración”. Además, el Defensor del Pueblo ha admitido su queja contra el Colegio de Abogados de Sevilla por responder con silencio a su escrito presentado para luchar contra la lentitud de la Justicia.

El TC pretende resolver en otoño próximo su recurso, según fuentes del tribunal. Lo ha admitido por la especial trascendencia constitucional. Quiere estudiar si hay un quebranto de los derechos fundamentales. Pero, el problema, para muchos jueces, está en la carga de trabajo, el atasco está en la resolución, no en la tramitación. Quien lo tiene que decidir es el juez. Y "las sentencias no se escriben solas”, nos dicen varios jueces. Los que tratan los asuntos laborales están sobrecargados. Hay juzgados cuya carga llega al 150% ó al 200%. Un juez tiene que trabajar por dos. Y trabajar así es imposible, nos cuentan fuentes del CGPJ. Esa saturación puede afectar, y afecta, a la salud de los jueces. En tiempos de crisis se duplica el volumen de trabajo.

En Madrid, según datos del TSJM, hay 47 órganos dedicados a asuntos laborales, con 11 de refuerzo. Dedicación permanente y constante. La fecha de estimación de juicio ronda el año y medio. No es lo habitual. Hay refuerzos en gran parte de juzgados españoles, pero los jueces no llegan. En torno a dos años es la media en las grandes ciudades. En Granada, nos cuenta Enriqueta Llobregat, presidenta de la sección de Derecho Laboral del Colegio de Abogados, verán en junio de 2024 un procedimiento para declarar incapacitada a una persona para su profesión habitual. “Dos años para resolver un caso sobre una incapacidad, que conlleva una pensión, esto no puede ser”, nos dice la abogada. En Andalucía, según fuentes del TSJA, el año pasado se resolvieron más de 65.000 casos en la jurisdicción de lo social y más de 83.000 quedaron pendientes.

Se refuerzan juzgados, pero “ese refuerzo funciona de manera regular”, nos dicen fuentes del Consejo. No es suficiente. Habría que poner más jueces en esos juzgados para sacar el trabajo adelante. Más inversión y con cabeza, señalan desde el Consejo y también algún antiguo alto cargo del Ministerio de Justicia. Consideran que es necesario incentivar, además, a los funcionarios. Los jueces decanos en el Congreso celebrado hace dos semanas en Burgos pidieron una “reforma sin parches y que se conozca la realidad de los juzgados y su carga de trabajo”. El Ministerio de Justicia ha aprobado la creación de 70 unidades judiciales, pero para el CGPJ no son suficientes, considera necesarias 176. “Necesitamos un Presidente del Gobierno y un Ministro de Hacienda que entiendan que la Justicia necesita una verdadera inversión”, nos dice el ex alto cargo del Ministerio de Justicia.