Durante los últimos años, se puede observar una tendencia creciente a dejar de lado casi completamente en pago en establecimientos y tiendas en metálico. El crecimiento de la forma de pago con tarjeta se ha convertido en la opción predilecta por la gran mayoría de personas de mediana edad; quizá por su inmediatez, tal vez por la sencillez que supone no tener que sacar la cartera, o puede que incluso sea por lo bonito que es pagar con el teléfono móvil.

La realidad es que si eres milenial o vives en una gran ciudad, lo difícil es esquivar los datáfonos; el 83% de las transacciones se realizan a través de la tarjeta de crédito, mientras que el 17% restante, mantiene el tradicional pago en efectivo.

Y es que estos datos no son por casualidad, ha llegado un punto en el que efectuar transacciones con dinero físico está mal visto. La preferencia de muchos establecimientos ha cambiado, y ahora se fomenta por encima de cualquier cosa utilizar los medios de última generación para realizar los pagos. Aunque se trate de un café, una barra de pan, o una bolsa de pipas, muchas veces se prefiere.

Obviamente, hay ocasiones en las que es inevitable pagar con tarjeta, bien sea porque no hay dinero en la cartera, o quizá simplemente porque existe la necesidad de hacerlo de esta manera. Sin embargo, y a pesar de que el cambio de dinámica era evidente ya de antes, la pandemia ha dado lugar a una situación en la que la población prefiere no tener ningún contacto con el efectivo, por su facilidad de contagiarse y por evitar tener con algo de tanto tránsito como es el dinero.

Sin embargo, hay un gran beneficiado de toda este panorama, y ese es el Gobierno de España. Este cambio de dinámica propicia de alguna manera, que tienda a desaparecer el efectivo, y por tanto, la economía sumergida. Si la ausencia de dinero físico aumenta, todo el capital virtual constará y será declarado, por lo que las arcas gubernamentales crecerán gracias incluso a la compra de un periódico; algo positivo sin lugar a dudas, pero que al mismo tiempo genera cierta incertidumbre en la ciudadanía.

Lo cierto es que el Gobierno de España podría llegar a recaudar entre 16.000 y 32.000 millones de euros anuales con total normalidad si se llegara a imponer la digitalización de los pagos, algo que sin lugar a dudas llegaría a tener consecuencias, y muchas de ellas negativas.

Por ejemplo, una situación que causaría incertidumbre a buen seguro sería una quiebra de un banco, con lo que perderíamos todos nuestros ahorros, algo que en principio no supondría un riesgo si la cantidad es inferior a la cubierta por el Fondo de Garantía de Depósitos.

También, crecerían los problemas informáticos de los bancos, ya que tendrían que generar transacciones de pagos muy pequeños y provocaría además, que la sociedad dependiera completamente de la tecnología para efectuar su día a día. No solo eso, sino que además, si se prohibiera, habría que regular y sancionar a aquellas personas que aún circularan con efectivo; algo que generaría muchos problemas para las personas mayores y discapacitadas.

Sea como sea, son solo algunas de las consecuencias que derivaría a buen seguro el cambio de tendencia a la hora de efectuar los pagos. Un mundo de incertidumbre y absolutamente dependiente de que el teléfono móvil tenga batería.