Advierten de la necesidad de un "cambio de chip" en las familias para pasar de un sistema paternalista a uno de participación

El presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez, ha puesto en valor la ley aprobada hace unas semanas que elimina la incapacidad jurídica de personas con discapacidad y las sustituye por un sistema de apoyo de la que, ha advertido, se beneficiarán "todos los residentes en España".

Y es que, aunque esta norma haya sido impulsada por el Comité de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI), que habla de casi 4 millones de beneficiados en este colectivo, Martínez ha recordado que también se aplicará en casos de discapacidad sobrevenida, incluyendo los motivos de edad, algo que abarca a gran parte de la población.

A los directamente beneficiarios de esta norma, ha explicado Martínez, hay que añadir a sus familias, implicadas también en la labor de apoyo que deben recibir estas personas. El notario Alfonso Madridejos ha, destacado, de hecho, el "cambio de chip" que deben hacer los allegados de las personas con discapacidad en este proceso.

Tal y como ha indicado otro de los profesionales presentes en el acto, Manuel Lora-Tamayo, las familias deberán cambiar su mentalidad para pasar de un sistema basado en la protección, en la tutela y el paternalismo, a otro en el que la personas con discapacidad ha de ser participativa y se le tiene que escuchar.

EL NOTARIO "EN PRIMERA FILA"

La norma aprobada evita que todas las personas con discapacidad deban pasar por un juez cada vez que deseaban, por ejemplo, ir al banco, comprar una vivienda o hacer testamento. Ahora, deberán acudir al notario donde, con la ayuda de apoyo voluntario --familia, allegados-- recibirán la información necesaria para tomar sus propias decisiones que, quedarán acreditadas por el profesional de la notaría.

Sólo se acudirá a la justicia en casos excepcionales en los que, a pesar de la ayuda, sea imposible conocer la voluntad de la personas.

Los representantes del Consejo General del Notariado han destacado aquí la importancia de su papel como "representantes institucionales" de estas personas en el proceso. Es por ello que se está procediendo a la formación de estos profesionales, según ha explicado la notaria Amanay Rivas, quien ha asegurado que estarán listos para cuando la norma entre en vigor, a los tres meses de su publicación en el BOE, es decir, previsiblemente, en el mes de septiembre.

"Vamos a estar en primera línea, van a acudir a nosotros", ha apuntado Lora-Tamayo, quien ha apuntado que los notarios también deberán practicar un "proceso de pedagogía" con las familias para dejar que la personas con discapacidad se sienta "cómodo".

REDUCCIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y MENOS COSTES

Para Madridejos, el gran cambio que se produce en la legislación es que se va a atender a estas personas atendiendo "individualmente cada caso". Hasta ahora, ha criticado, el sistema se basada en el "blanco o negro", una personas era capaz o incapaz, sin matices, ha explicado.

Esta reforma supone, también, una "disminución tremenda" de los procedimientos judiciales en esta materia, según ha indicado Madridejos. De este modo, solo serán necesarios en casos "excepcionales". Rivas también destaca la reducción en costes económicos que esto implicará a las familias, así como una reducción del coste en tiempo, ya que elimina las autorizaciones judiciales previas que necesitaban muchas de estas personas para casi cualquier trámite.

Ahora, "son preferentes" las decisiones tomadas con la ayuda necesaria, ha recordado el presidente del Consejo General del Notariado.

Cuando esta norma entre en vigor, previsiblemente en septiembre, todas las personas con incapacidad jurídica quedan capacitadas, ha indicado Martínez, quien ha explicado que, según recoge en su texto, los usuarios del sistema tienen un periodo de un año para "ajustar su situación" a la nueva normativa.

Finalmente, Madridejos ha destacado la importancia de adelantarse a las posibles discapacidades sobrevenidas y la posibilidad de dejar las voluntades establecidas, a través de los notarios, en este sentido, ya sea sobre patrimonio, sobre el traslado a residencias o de ciudad, sobre quién administra los cuidados o sobre determinados poderes.