Tras el drama que se ha vivido en las residencias, cada día hay más familias que apuestan por los servicios de cuidados a domicilio para sus mayores. Paola Verdejo es una de ellas y nos contaba en COPE que pensaba que no la iban a volver a contratar después de haber pasado el coronavirus, pero “he vuelto a encontrar trabajo cuidando a una anciana de 91 años”. Paola es chilena, había trabajado anteriormente en una casa en la que el anciano falleció tras contraer la enfermedad de COVID-19 y ella fue otra de las infectadas. “La mujer a la que cuido ahora nunca ha estado en una residencia de mayores pero tampoco quiere ir, nos dice Paola, por eso, yo la ayudo en todas sus necesidades”.

Los datos que notifican las Comunidades Autónoma señalan que 19.415 personas han fallecido por COVID-19 o síntomas similares en las aproximadamente 5.457 residencias de ancianos españolas -ya sean públicas, concertadas o privadas-. Esta cifra supone un 71,5% del total facilitado oficialmente por el Ministerio de Sanidad, que señala también que la mayoría de las defunciones se han producido en Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

RETICENCIAS DE LOS FAMILIARES

Las residencias atienden en España a 322.180 personas mayores de 65 años. Muchos de sus familiares han empezado a solicitar el cuidado de profesionales en el domicilio de estos mayores y eso está produciendo un aumento en la oferta de trabajo en el sector, como explica en COPE Carolina Elías, presidenta de la Asociación de Servicio Doméstico Activo (SEDOAC).

“Hemos detectado que por la pandemia del coronavirus fueron despedidas muchas de estas trabajadoras, pero ahora están volviendo a encontrarlo. La mayoría de las ofertas de trabajo son para internas que cuiden a personas mayores. Al parecer, las familias ya no quieren que sus mayores están en una residencia. Prefieren que estén en sus propias casas cuidados por otras personas, señalaba Carolina en COPE, pero lo malo es que se les está contratando en situaciones de precariedad y explotación. Hay muchos que no pagan las Seguridad Social y esto repercute negativamente en la situación de la empleada porque le afectará a la hora de acceder a un pensión o para mantener el permiso de residencia.”

Carolina resaltaba este detalle porque se estima en 600.000 personas las que componen este colectivo, un 98% son mujeres y la mayoría extranjeras. El 95% son mujeres por encima de los 45 años, de Sudamérica o de países del este de Europa. Las españolas que optan a este trabajo, principalmente de internas, lo hacen en una situación económica límite y siempre de manera temporal.

ECONOMÍA SUMERGIDA

Una residencia privada en España cuesta de media unos 2.000 euros, aunque el precio depende siempre de la zona en la que se encuentre el centro. Si lo comparamos con el servicio de interna vemos diferencias significativas ya que cuesta unos 1.450 euros (incluida la seguridad social y la cuota de la empresa). Sin embargo, las dificultades económicas que sufren muchas de estas trabajadoras les obliga a aceptar salarios por debajo de los 900 euros y sin cotización a la seguridad social. Es la “precariedad laboral” de la que hablaba en COPE la presidenta de la Asociación de Servicio Doméstico Activo, que lamenta que a esto se añada que “tampoco están respetando los horarios de descanso de estas trabajadoras”.

La normativa vigente establece que la internas deber tener sus ocho horas de jornada laboral y las demás son las llamadas horas de presencia en las que está disponible por si pasa cualquier cosa. De hecho, para los casos más complicados en los que una persona exija atención continua de 24 horas, "la recomendación es que se haga con dos personas para respetar las horas de descanso que son fundamentales", detallaba Carolina Elías en COPE.

El Ministerio de Trabajo aprobó un subsidio equivalente al 70% de la base de cotización para las que coticen a la Seguridad Social y hayan perdido su empleo, pero el problema radica en que es un sector donde el 66% aún está en la economía sumergida y muchas siguieron sin cualquier apoyo.

DÍAS DE INFIERNO

El Informe elaborado por el Circulo Empresarial de Atención a Personas sobre la gestión en centros residenciales en España durante el Covid-19 denuncia el "abandono de las administraciones" de uno de los colectivos más vulnerables. En el documento de CEAP se dice que el sistema sanitario estaba colapsado y se produjo un cribaje de pacientes que dejó excluidos a los ancianos. Por eso, este organismo pide ahora que se realicen test generalizados en todas las residencias para que no vuelvan a ser los grandes olvidados en la cadena de la emergencia para recibir material de protección.

El sector pretende evitar que ante un posible rebrote de COVID-19 se repita la situación que vivieron en plena pandemia y piden a la administración una reforma del sistema asistencial de las residencias para tener un sistema medicalizado.

A día de hoy, la Fiscalía General del Estado mantiene 191 diligencias civiles y otras 191 penales en relación con la gestión de la crisis del coronavirus en las residencias. Además, unos 3.000 familiares de fallecidos por coronavirus han presentado una querella contra el Gobierno ante el Tribunal Supremo por un posible delito de homicidio imprudente en la gestión de la pandemia.