Los retrasos burocráticos en España provocan que haya niños en un “limbo jurídico sanitario”. No tienen tarjeta sanitaria debido al cierre administrativo durante el confinamiento que provocó la imposibilidad de hacer estos trámites presencialmente. Ahora, la solicitud solo se puede realizar online. Pero, a Carolina, la madre de Paula -niña de 14 meses- no le funciona la clave PIN que le permite hacer el trámite por Internet. Además, no le quieren atender por teléfono. Le piden que vaya presencialmente a la Seguridad Social. “Y el segurata de la puerta te dice que como no tienes cita, no puedes pasar. Así estoy desde que mi hija nació”. No le dejan acceder al centro de salud por “restricciones covid”. Es la pescadilla que se muerde la cola.

Las familias afectadas defienden la atención sanitaria universal

Carolina está en busca de soluciones, pero no le aportan facilidades administrativas. Como ella, hay muchas otras familias vulnerables a quienes preocupan la falta de vacunas y medicamentos de menores migrantes que vienen de zonas con enfermedades endémicas. Desde Fundación Madrina denuncian esta situación sanitaria y advierten de que todo niño, independientemente del país donde haya nacido, tiene derecho a atención sanitaria universal. “Nos encontramos con cantidad de trabas administrativas. Todo niño que nace en España es español y tiene derecho a la salud”, reivindica el presidente ejecutivo y fundador de Fundación Madrina, Conrado Giménez.

Los médicos pediatras de los distintos centros de salud optan por dar de alta a los bebés cada vez que van al ambulatorio, pero estas altas se borran a los 15 días. “Van al centro de salud y les dicen que se tienen que sacar los papeles. O van a urgencias y allí les dicen que vayan al centro de salud. Con lo cual, están yendo de un lado a otro sin atender a los niños”, denuncia Giménez.

Este problema se incrementa en las mujeres gestantes o niños sin padrón. También en menores cuyos países de origen no tienen convenio bilateral con España, como Venezuela. Esto genera problemas burocráticos a la hora de sacar los papeles. Complicaciones que se acaban traduciendo en una vulneración de derechos fundamentales, como la protección de la salud pública. Durante la pandemia se ha agravado esta situación por los retrasos en los certificados de nacimiento y las citas. Los menores que se encuentran en este limbo jurídico permanecen de baja en el sistema sanitario, perdiéndose su historial clínico de paciente. Los niños solo son atendidos en caso de urgencia, y no siempre que lo necesitan. Asimismo, los administrativos de los centros sanitarios en numerosas ocasiones les indican a las madres, que, en caso de requerir una intervención sanitaria, deberán cobrarles por ella.