La entrada en vigor de la Ley Celaá no frena a sus detractores. Tras reunir casi dos millones de firmas y movilizaciones masivas de miles de familias en plena pandemia, los representantes de la Plataforma Mas Plurales, que agrupa a distintas organizaciones de padres, alumnos y profesores que defienden la libertad de enseñanza en España, han registrado a primera hora esta mañana una denuncia ante la Comisión Europea contra el Gobierno de Pedro Sánchez por una reforma que consideran vulnera derechos fundamentales y básicos reconocidos tanto en nuestro país como en la Unión Europea.

En el escrito de 68 páginas, al que ha tenido acceso COPE, solicitan a la institución comunitaria la puesta en marcha de un recurso de incumplimiento al considerar que la LOMLOE vulnera varios derechos fundamentales y libertades reconocidos tanto por el artículo 27 de la Constitución Española como por los artículos 14.3 y 16 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Confían en que su denuncia sea admitida a trámite y en que la Comisión Europea obligue al Estado española a rectificar y a modificar los aspectos lesivos de la reforma.

Tres son los derechos que se ven, aseguran, obstaculizados con la entrada en vigor de la Ley Celáa a finales de diciembre: la libertad de enseñanza, la libertad de creación de centros y la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos. Algo que fundamentan tanto en la eliminación del criterio de demanda social, como en su justificación y en su reflejo en la programación de las nuevas plazas escolares. Citan en particular el artículo el 109 que insta a las administraciones a promover un incremento "progresivo" de las plazas en los centros de titularidad pública.

“Tener únicamente oferta pública en el tramo de 0 a 3 años ya supone una limitación fundamental de la libertad de enseñanza. Que en las zonas de nueva creación, las Administración solo esté obligada a garantizar esas unidades públicas también es una restricción de la libertad de enseñanza y para la libre elección de los padres como lo es, asimismo, el limitar la posibilidad de obtener un concierto a los colegios de educación diferenciada, lo que reduce esta opción a familias con recursos y no para todas" señala como ejemplos el portavoz de Más Plurales Jesús Muñoz de Priego.

Hace dos meses esta plataforma ya presentó por el mismo motivo una solicitud de amparo ante el Parlamento Europeo y no descartan actuaciones judiciales en España a medida que se vaya desarrollando la aplicación de la reforma.

“Estamos obligados a agotar todas las vías posibles con esta ley que hay que modificar, que hay que derogar en su caso, pero para ello también es necesario que se genere en paralelo una amplia conciencia social de lo que nos estamos jugando para que ningún grupo político se atreva a limitar libertades que solo les corresponden a los ciudadanos” subraya Muñoz de Priego.

Para este abogado experto en educación, aunque no se ejecutara "solo el hecho de que la ley impulse que progresivamente se vaya imponiendo el modelo de educación pública sobre una concertada que pasa de complementaria a subsidiaria ya es denunciable porque posibilita la planificación unilateral que aboca a una escuela única, algo que atenta contra la libre creación de centros y la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos”.

Ahora mismo y, según recuerdan en la denuncia registrada telemáticamente este miércoles, hay dos millones de alumnos en colegios concertados en España, son uno de cada cuatro de los que están escolarizados en nuestro país, una cifra estable en las últimas décadas y que ahora desde Mas Plurales ven comprometida.

“La obligación de la administración es favorecer y remover obstáculos para que se pueda desarrollar la libertad de enseñanza, no ponerle frenos ni palos en las ruedas como está ocurriendo”, subraya Muñoz de Priego.

Por todo ello espera que la Comisión Europea actúe tanto desde el punto de vista jurídico como político.

“La Comisión Europea puede plantear modificaciones, paralizaciones de la norma, suspensiones de aquello que pueda vulnerar la legislación. Una decisión de este tipo sería obligatoria para el Gobierno. Y si el dictamen final no fuera adoptado por el Estado español la Comisión podría pedir su ejecución por medio de los tribunales de justicia de la Unión Europea” zanja el portavoz de la plataforma Mas Plurales.

La víspera de esta denuncia la ministra de Educación volvía a defender este martes justo lo contrario. Con la LOMLOE según señalaba Isabel Celáa en el Senado la libertad de educación está garantizada y también la equidad. Tres grupos parlamentarios, PP, Ciudadanos y Vox no lo comparten y ya han anunciado que llevarán la Ley ante el Tribunal Constitucional.