Este lunes se cumple un año desde que se decretara en España el segundo estado de alarma debido a la pandemia del coronavirus. La medida, acordada en un Consejo de Ministros extraordinario, coincidía en plena segunda ola de contagios. Se extendería hasta el 9 de mayo de 2021, teniendo una duración de seis meses. Una decisión que llegaba después de un verano en el que el Gobierno abrió la puerta a la ciudadanía para reactivar la economía y sin restricciones demasiado estrictas. La vacuna todavía era algo remoto. Se vendió el mensaje de “nueva normalidad”, de que la situación de pandemia ya se había estabilizado, cuando las cifras, poco a poco, volvían a indicar todo lo contrario.

El 10 de junio de ese año, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preguntado sobre cuestiones de la pandemia durante la sesión de control al Ejecutivo, señaló que habíamos vencido al virus gracias a la unidad de las instituciones, los partidos políticos y el conjunto de la ciudadanía española. Un poco más tarde, el 5 de julio, durante un mitin del PSOE en el País Vasco, llegó a decir: “Hemos derrotado al virus”. Y controlado la pandemia y doblegada la curva, por otro lado. En esa ocasión, volvió a recordar que juntos, arrimando el hombro, habíamos sido capaces de superar el escollo pandémico.

Durante el verano de 2020, Sánchez animaba a "salir a la calle" y "disfrutar de la nueva normalidad" porque, según sus palabras, habíamos vencido al virus. Sin embargo, en octubre, España alcanzaba las mayores cifras de contagios de toda la pandemia y el discurso cambió. Giro de 180 grados: "La situación es grave", apuntó el presidente el pasado 23 de octubre. Tan solo tres días más tarde, el Ejecutivo decretó de nuevo el estado de alarma.

¿Dónde estábamos?

El 25 de octubre de 2020, según las últimas cifras oficiales facilitadas por el Ministerio de Sanidad, había registrados un total de 1.046.132 casos confirmados de coronavirus y 34.752 fallecidos. La incidencia acumulada en los últimos 14 días se situaba en 362 contagios por cada 100.000 habitantes, una cifra muy elevada.

Una situación que obligó al Gobierno a decretar un nuevo estado de alarma, pero con características distintas al que entró en vigor a mediados de marzo de 2020. Menos estricto y con más margen de actuación para las comunidades autónomas, que en su mayoría fueron pidiendo volver a esta herramienta excepcional. La llamada ‘cogobernanza’ a la que el Gobierno apelaba de forma continua para esta ocasión.

¿Por qué se declaró el segundo estado de alarma?

El Ejecutivo defendió esta nueva herramienta, que entró en vigor el 26 de octubre tras ser aprobada por un Consejo de Ministros extraordinario, asegurando que los datos se estaban disparando de nuevo en España. Dicho estado de alarma incluía un toque de queda obligatorio entre las 23 de la noche y las 6 de la mañana en toda España, y la intención era que durara hasta el próximo 9 de mayo, más de seis meses, como, efectivamente, llegó a pasar.

Los datos facilitados ya reflejaban, como hemos visto, más de un millón de contagios desde el inicio de la pandemia. Y aun así, Sánchez reconoció que la cifra real de positivos estaba por encima de los tres millones.

¿Por qué puede declararse inconstitucional?

El pasado mes de julio, el Tribunal Constitucional ya sentenció que el primer estado de alarma era inconstitucional. Aseguraba que sus medidas restrictivas de libertades básicas debieron ser amparadas por el estado de excepción, y no por el de alarma. Por tanto, consideró que fueron abusivas.

Ahora, en un nuevo recurso de inconstitucionalidad admitido en su momento, presentado por Vox, se sostiene que el segundo estado de alarma vulneró los artículos 17, 19, 21 y 25 de la Constitución, relativos a los derechos a la libertad y a la seguridad; a la libre circulación; a la reunión y la manifestación pacíficas; y contra las sanciones administrativas que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad.

Previsiblemente, el Constitucional acogerá esta misma semana dos de los tres principales argumentos expuestos por Vox en su recurso para denunciar la discrecionalidad de unas medidas que, según se desprendía ya de la primera sentencia, fueron arbitrarias. En primer lugar, se declararía contrario a la legalidad haber decretado un periodo ininterrumpido de excepcionalidad en España durante seis meses sin un “real y efectivo” control parlamentario al Gobierno. Por otro lado, la ya mencionada ‘cogobernanza’ también será penalizada por haberse atribuido de forma indebida a las comunidades autónomas diversas medidas restrictivas de libertades fundamentales que no les correspondía adoptar.

¿Dónde estamos ahora?

La situación, un año después, dista, por fortuna, mucho de la que atravesaba España por aquel entonces. La campaña de vacunación era todavía algo lejano que no se sabía muy bien cómo iba a gestionarse. Ahora, en una realidad ya consolidada, se han administrado un total de 71.275.614 vacunas y hay 37.199.581 personas que ya tienen la pauta completa. Una situación que ha permitido contener de forma mucho más contundente al virus y volver, poco a poco, a una situación de normalidad.

Las restricciones son mínimas en comparación con las de hace 365 días. Los aforos, los límites y los horarios ya vuelven a funcionar prácticamente con total normalidad en España, la mascarilla ya no es obligatoria en la calle si se respeta el metro y medio de distancia. Tan solo queda la medida de llevar mascarilla en interiores.

Las últimas cifras comunicadas en Sanidad señalan que se han contagiado, desde que empezó la pandemia, un total de 4.997.732 personas por coronavirus y 87.132 han fallecido. Pero, por otro lado, la incidencia acumulada en los últimos 14 días está en 44. Una cifra que demuestra que la situación está volviendo, poco a poco, a la normalidad que perdimos en marzo de 2020.