Faltan 50.000 plazas residenciales para grandes dependientes

España se enfrenta a un déficit creciente de plazas residenciales para personas mayores, una situación que se agrava a pesar del aumento en la oferta. Según el último informe de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, presidida por José Manuel Ramírez, actualmente se necesitan no menos de 50.000 plazas solo para atender la demanda de personas con Dependencia Severa (Grado II) o Gran Dependencia (Grado III). Ramírez subraya en una entrevista en COPE la urgencia de la situación, afirmando que "estas 50.000 personas están esperando una plaza de manera inmediata" y no pueden aguardar por futuras estrategias de cuidados a domicilio que aún no se han materializado.

Una brecha territorial y económica

El informe pone de manifiesto una profunda desigualdad territorial. Comunidades como Castilla y León y Castilla-La Mancha presentan un exceso de plazas, mientras que otras como Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia o Canarias sufren un déficit alarmante. José Manuel Ramírez destaca que no es lo mismo vivir en una región que en otra, ya que la disponibilidad de plazas para personas mayores y dependientes varía drásticamente.

Resulta paradójico que, a pesar del déficit, la ocupación media de las plazas existentes sea solo del 82,4%. Ramírez atribuye este fenómeno a dos causas principales: la falta de financiación pública que impide a muchas familias costear una plaza y una "mala planificación". Critica que muchas residencias se construyeron "a golpe de campaña electoral" en lugares alejados de la demanda real, en vez de basarse en estudios de necesidades.

Estas 50.000 personas están esperando una plaza de manera inmediata"

JOSE MANUEL RAMÍREZ

Presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales

La trampa de las ayudas económicas

El análisis también señala la "auténtico perversión" de ciertas ayudas, como la prestación vinculada al servicio (PVS), que sirve para costear las residencias, de la que "abusan" comunidades como Extremadura y Canarias. Ramírez explica que esta ayuda, con un máximo de unos 700 euros, es insuficiente para cubrir el coste de una plaza, que ronda los 2.000 euros. Esto obliga a las familias a vender su patrimonio o a que los hijos asuman la diferencia, especialmente en casos de pensiones bajas.

Esta práctica permite a algunas comunidades "mejorar la estadística" y presentar "un discurso triunfalista", según denuncia Ramírez. Al conceder la PVS, la persona figura como atendida en las listas, aunque en la práctica no pueda acceder al servicio. "Son trampas estadísticas", afirma, que ocultan "el rostro humano de la gente y ver cómo está sufriendo sin la posibilidad de ser atendido".

Hay que dejar de hacer plazas residenciales en sitios por intereses políticos"

JOSE MANUEL RAMÍREZ

Presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales

La desinstitucionalización, una meta lejana

Aunque el objetivo compartido es la desinstitucionalización, permitiendo que las personas envejezcan en sus hogares, los datos demuestran que es una meta lejana. El servicio de ayuda a domicilio apenas tiene una cobertura del 5,8% y ofrece una media de 23,8 horas mensuales, cifras que Ramírez califica de insuficientes. "Con esos servicios de bajo coste y de baja intensidad [...] no podemos pensar que la gente va a poder vivir en sus casas", sentencia.

Finalmente, la asociación reclama la necesidad de disponer de datos y referencias fiables para la planificación. Se señala la sorprendente discrepancia entre las cifras del Censo de Centros Residenciales de 2024 elaborado por la asociación y las del tradicional Informe Mayores del IMSERSO. Por ello, se solicita al organismo que se acuerde una ratio de cobertura más adecuada a la realidad actual para que la creación de centros responda a una "planificación racional" y no a "promesas electorales".