El tope a los precios de una serie de productos básicos de la cesta de la compra en el supermercado, como el anunciado por la cadena Carrefour, se enmarca dentro de los límites a las promociones estipulados por ley en España y Francia.

La limitación de estos precios ha sido precisamente el objeto de la reunión que ha mantenido este jueves la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, con el titular de Consumo, Alberto Garzón, y responsables de Carrefour en su ronda de contactos para promover un pacto entre la distribución y los consumidores para contener la inflación.

Carrefour anunció ayer el lanzamiento de una cesta básica en España de 30 productos, a un precio fijo de 30 euros hasta enero, para aliviar la situación de las familias que están cambiando sus pautas de consumo alimentario ante la subida de precios.

INICIATIVAS EN FRANCIA

En Francia, Carrefour decidió en agosto congelar los precios de cien productos de uso diario durante cien días, hasta el 30 de noviembre, con el fin de proteger el poder adquisitivo de las familias.

Desde junio, el grupo de distribución francés ha impulsado otras iniciativas similares en ese país, como la venta de una selección de 30 productos esenciales por menos de 30 euros en julio y una campaña de precios fijos aplicados a 200 productos nacionales, reduciendo sus márgenes de beneficio, para repercutir lo menos posible las subidas de precios a sus clientes.

Recientemente se ha debatido en Francia la posibilidad de modificar las rebajas que están autorizados a aplicar los grupos de distribución en los alimentos.

Para proteger la remuneración de los agricultores, en la actualidad se permiten rebajas de hasta un 34 % en operaciones promocionales en las tiendas, según una ley de enero de 2019.

Dicha normativa pretendía responder al malestar del sector agrícola, que consideraba que los grupos de distribución abusaban con promociones de algunos de sus productos y creaban una presión a la baja en los precios durante las negociaciones, reduciendo así la remuneración de los productores.

El Gobierno galo lanzó este verano la idea de que esas rebajas en los alimentos pudieran ser del 50 % para amortiguar el golpe para el consumidor de la escalada de precios, pero el principal sindicato agrícola se pronunció en contra.

LA SITUACIÓN EN ESPAÑA

En España, la vicepresidenta del Gobierno ha rechazado que su propuesta de tope a los precios de la cesta de la compra suponga una intervención de precios y ha defendido que se trata de llegar a un acuerdo sobre unos veinte o treinta artículos con precios limitados.

Junto al ministro de Consumo, Díaz ha planteado a las grandes distribuidoras que "tienen margen" que limiten los precios de la cesta de la compra hasta después Navidad para proteger a las familias de la inflación.

El Gobierno está analizando la propuesta, que ha sido recibida con escepticismo por la cadena de valor agroalimentaria, incluidos los productores, que piden que se aplique primero la ley de la cadena alimentaria, reformada el año pasado para garantizar unos precios dignos en el campo.

Dicha norma prohíbe la venta a pérdidas (por debajo de los costes de producción) y establece las condiciones de los pactos sobre actividades promocionales.

Los pactos, que deberán contar con el acuerdo explícito de proveedores y compradores, recogerán los plazos, los precios de cesión, los volúmenes y otras cuestiones de interés, como el procedimiento, el tipo, el desarrollo, la cobertura geográfica y la evaluación de los resultados.

La ley impide pactar la realización de promociones que induzcan a error al consumidor sobre el precio real y la imagen de los alimentos y productos alimenticios, y que puedan perjudicar la percepción del consumidor sobre la calidad o el valor de los mismos.

En las promociones, figurará el precio real del producto y se indicará de forma visible para el consumidor la causa que da origen a la promoción.

En los últimos días, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha declarado públicamente que el Gobierno no puede fijar precios en una economía de mercado y que está sujeto a las normas de la Unión Europea.

Planas también ha reclamado una "actitud responsable" a los operadores privados para evitar el encarecimiento de los alimentos.

La ministra portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha subrayado hoy los esfuerzos gubernamentales para que el "eslabón más débil de la cadena", los agricultores y ganaderos, no se vea nunca perjudicado por los precios, motivo por el que se reformó la ley de la cadena.

Rodríguez se ha mostrado igualmente a favor de que las cadenas de distribución se unan a los compromisos para luchar contra la inflación.

La patronal de los supermercados Asedas y la de gran consumo Aecoc aseguran que están ya están esforzándose por contener los precios para no repercutir a los consumidores toda la subida de los costes de producción y han pedido que se baje el IVA a algunos alimentos. EFE

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