"Buenos días. Follándonos a una entre los 5. Jajaja. Todo lo que cuente es poco. Puta pasada de viaje. Hay vídeo”. Así resumían los cinco integrantes de La Manada los hechos ocurridos el 7 de julio de 2016 durante los Sanfermines, cuando abusaron de una joven de 18 años.

La sentencia hecha pública este jueves los ha condenado por el delito de abusos sexuales y no por el de violación, como solicitaba la Fiscalía y el resto de acusaciones. Pese a que declara acreditado que la víctima “notó cómo le desabrochaban la riñonera, cómo le quitaban el sujetador; cómo uno acercó su mandíbula para que le hiciera una felación y otro le cogía de la cadera y le bajaba los leggins y el tanga, lo que le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, determinándola a hacer lo que los procesados le decían que hiciera”, concluye que "las acusaciones no han probado el empleo de fuerza eficaz y suficiente para vencer su voluntad”.

El fallo ha provocado una ola de indignación en la calle y en redes sociales, donde se ha cuestionado la tolerancia hacia la violencia ejercida contra las mujeres. “Efectivamente, ella se dejó, que es lo que hacemos las mujeres si nos enfrentamos a algo así para evitar que, además de violarnos, nos asesinen”, se leía en Twitter.

LA VERGÜENZA Y CULPABILIDAD QUE SIENTE LA VÍCTIMA

Pese a las diferentes campañas de sensibilización sobre delitos sexuales, en 2016 se denunciaron 1.249 casos de violación con penetración. Entre 2009 y 2016 el total fue de 6.295, lo que implica una media de más de 2 violaciones al día. Así lo recoge el último Anuario Estadístico del Ministerio del Interior. El mismo informe correspondiente a 2015 señala que ese año hubo 827 víctimas de violación con penetración mujeres frente a 82 hombres, es decir, 10 veces más. Y si se tienen en cuenta todas las agresiones categorizadas como "delitos contra la libertad e indemnidad sexuales", hubo 6.823 víctimas mujeres frente a 1.286 hombres.

Según Ana Martínez, profesora de psicología y experta en género del centro de enseñanza superior Cardenal Cisneros, “estos datos son solo la punta del iceberg, pues un gran porcentaje no consta en las estadísticas oficiales porque no se denuncia”. Entre las razones de la “invisibilización” destaca “el juicio moral paralelo al que se ven sometidas las mujeres por parte del entorno de la víctima y del agresor”.

“La mujer llega a sentirse culpable de lo que le ha sucedido. Siente vergüenza de sí misma y tiende a pensar que se lo ha buscado en lugar de que el culpable es el agresor. Por ejemplo, por ir vestida de una manera determinada. Es frecuente que piense que pudo haber actuado de forma distinta, como eligiendo otro bar o ir caminando por otra calle. Estos sentimientos se intensifican en los ámbitos rurales, donde el cuestionamiento social es mayor que en las ciudades grandes o medianas”, explica.

LAS DENUNCIAS FALSAS EN DATOS

Respecto a la posibilidad de que existan denuncias falsas, señala que “hay que pasar del caso concreto a la generalidad. Que una mujer en particular haya denunciado falsamente, no significa que el género femenino en su conjunto lo haga, como tampoco que todos los hombres son agresores”.

Precisamente, en lo que respecta a la violencia de género -aquella que el hombre ejerce contra la mujer con la que tiene o ha tenido una relación sentimental-, la Fiscalía General del Estado en su última Memoria publicada, correspondiente a 2016, subraya que el número de denuncias falsas fue "escasísimo". Entre 2009 y 2016 las condenas fueron 79, frente a las 1.055.912 denuncias presentadas, o lo que es lo mismo, el 0,01% de los casos. Este dato es "suficientemente elocuente para rebatir las voces que se alzan en torno a la prevalencia de denuncias falsas en materia de violencia sobre la mujer", recalca el Ministerio Público en su informe.

Pero también el Consejo General de la Abogacía Española, que en una publicación de 2017 advierte que “sólo quien habla desde la ignorancia puede confundir denuncias falsas con archivos. En muchos casos las mujeres abandonan el proceso por miedo, dependencia económica, emocional en la mayoría de los casos, sin que ello signifique que la denuncia fuese falsa”.

CERCA DE 1000 MUJERES ASESINADAS DESDE 2003

Además de las cifras, ambas instituciones ponen de manifiesto una realidad aterradora: A día de hoy en España las mujeres son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Según el Ministerio de Igualdad, desde 2003 –el primero en el que se empezaron a contabilizar los casos- 933 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Solo durante los 4 primeros meses de 2018, el número de víctimas mortales asciende a 10.

Raquel Castillejo, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Santiago de Compostela y experta en violencia de género, advierte de que uno de los “grandes problemas es que no se conoce cómo actúa el maltratador”. Dice que “no opera como otros delincuentes que obran equilibrando el ilícito y los años de condena que les pueden imponer, sino que en su delirio considera que la mujer le pertenece. De ahí que reincida y que cuando la asesina, muchos de ellos se suiciden o se entreguen. Es su derrota porque no la han podido controlar más”

A este respecto, señala que uno de los errores del legislador ha sido “incrementar constantemente las penas o introducir agravantes, pues las estadísticas relevan que no se ha conseguido gran cosa. El maltratador no tiene especial interés en la condena, por eso la solución tiene que ser preventiva y concebirse desde la educación, formando en igualdad desde edades muy tempranas”.

EL CUESTIONAMIENTO JUDICIAL DE LA MUJER VÍCTIMA

La catedrática introduce, además, otro problema: el de la revictimización de la mujer que sufre violencia de género en el proceso judicial. “Cuando las mujeres maltratadas tocan fondo y denuncian los hechos, tienen que prestar declaración ante la policía, repetirla ante el juez que investiga el caso, ante el que lo juzga, responder a las preguntas de la acusación y así sucesivamente. En ocasiones, en vistas que se celebran con asistencia de público y ante el maltratador. Esto las lleva no solo a revivir una y otra vez los hechos, sino también al cuestionamiento permanente de lo que ha sufrido”.

Castillejo afirma que “pese a que la ley obliga a que los profesionales que intervienen en estos procesos estén formados en cuestiones de género –desde jueces y fiscales a abogados o policía judicial-, la realidad es que en muchos casos la falta de medios hace que no sea así”. Y pone un ejemplo: “No en todas las provincias existen juzgados especializados como los de violencia sobre la mujer, sino que conoce de los hechos un juez de guardia o de instrucción”.

LA NECESIDAD DE PONER FIN A ESTA LACRA

La abogada penalista Mara Monreal pone el acento en que, además, la víctima actúa como testigo, razón por la que “está obligada a responder” a las preguntas que le haga el abogado del acusado y la Fiscalía. “A diferencia del maltratador, que puede acogerse a su derecho a no declarar, si realmente miente, incurre en un delito de falso testimonio del que nunca cabría acusar al agresor, pues su derecho a la defensa le permite mentir".

Monreal denuncia que en ocasiones no se trata “con el rigor y respeto debidos” los casos de violencia contra la mujer. Señala que “no es un problema de mujeres contra hombres, ni de que las mujeres simulen en estos procesos” con fines espurios, sino de que “se ponga fin a esta lacra que ha asesinado a casi 1000 mujeres” en solo 15 años.