Así lo ha explicado el cantautor en diversas intervenciones recientes en charlas que ha protagonizado de la mano de las entidades independentistas Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

 "En el momento en que tengamos la ley de Transitoriedad jurídica, ésta obligará a todos los funcionarios que trabajan y viven en Cataluña. Y el que no la cumpla será sancionado. Por tanto, se lo tendrán que pensar muy bien. Yo no digo que sea fácil, al revés, muchos de ellos sufrirán. Porque dentro de los Mossos hay sectores que son bastante reacios a lo que estamos haciendo", afirmó Llach en un acto del mes de marzo pasado en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).

La Generalitat no confirma lo dicho por el diputado, pero tampoco lo ha desautorizado. La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Neus Munté, ha asegurado que los funcionarios "están obligados a cumplir las leyes vigentes en cada momento" .

En la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo catalán, Munté ha evitado hablar de sanciones, porque ha dicho que "no se plantea" un escenario de desobediencias de dicha ley de transitoriedad, pero ha remarcado, en todo caso, que "las leyes nos obligan a todos, en cada momento y según el marco legal vigente".

 Además, ha remarcado que las responsabilidades del proceso soberanista "las asumen los políticos" y que el Govern va a "preservar y proteger a los funcionarios, a todos ellos".

 Munté ha subrayado, asimismo, que el Govern garantizará los "marcos jurídicos" que den las "máximas garantías" en el "tránsito" de la legalidad estatal vigente a otra catalana de nueva creación, la denominada ley de transitoriedad jurídica, que guarda en secreto Junts pel Sí hasta que se lleve a votación en el Parlament.

 Sin desautorizar a Llach, Munté se ha limitado a manifestar "respeto" por las expresiones sobre el proceso soberanista que pueda haber en la sociedad, pero ha insistido que no entrará a hablar de sanciones porque no cree que sea una cuestión que "preocupe" a los catalanes.

 Así, ante las preguntas de si el Govern sancionaría a los funcionarios que incumplieran la ley de transitoriedad, Munté ha evitado concretar, alegando que es un escenario que ella no se plantea que suceda.