Una vez que la Cámara Baja se pronunció hoy a favor del proceso con miras a la destitución de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, la palabra pasa al Senado, que en unos veinte días decidirá si abre un juicio político que la separaría del cargo durante los seis meses que puede durar el proceso. La Cámara de Diputados se pronunció por la continuación del proceso, en una votación en la que los adversarios de Rousseff superaron los 350 votos, cuando 342 eran suficientes. Según los plazos constitucionales, el Senado deberá conformar entre los próximos martes y miércoles una comisión especial de 21 miembros que elaborará un informe sobre el caso en un plazo de diez días hábiles. El informe será remitido entonces al pleno del Senado, que por mayoría simple entre sus 81 legisladores decidirá si se instaura el juicio político contra Rousseff, lo que podría ocurrir alrededor del 10 de mayo. Si se llega a ese punto, Rousseff será inmediatamente separada del cargo durante los 180 días que el Senado tendrá para realizar el juicio y deberá ser sustituida en ese período por el vicepresidente Michel Temer. Durante el proceso, la comisión escuchará a la defensa de la mandataria, a la parte acusadora y a otros testigos que pueda citar, y debatirá el caso a la luz de las acusaciones, que se limitan a una serie de irregularidades fiscales en las que supuestamente incurrió el Gobierno en los dos últimos años. La comisión especial elaborará entonces un nuevo informe, que nuevamente será sometido al pleno del Senado en una sesión única, dirigida por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, y en la que se decidirá la suerte definitiva de Rousseff. Si una mayoría calificada de dos tercios (54 votos) hallase a la presidenta culpable, entonces Rousseff será destituida, perderá sus derechos políticos durante ocho años y Temer concluirá el mandato que vence el 1 de enero de 2019. No obstante, si el Senado se inclina por la absolución, Rousseff volverá a ocupar el cargo para completar el período constitucional que le adjudicaron las urnas en las elecciones de 2014. Rousseff ha sido acusada de incurrir en maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública. El abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, ha declarado que la presidenta brasileña recibió con "indignación y tristeza" la decisión de la Cámara de Diputados que la deja al borde de un juicio político. "Quien es favorable a la democracia no puede ser favorable a lo que ocurrió hoy", declaró Cardozo tras la votación en la Cámara Baja que decidió por una clara mayoría que el trámite contra Rousseff prosiga en la instancia definitiva del Senado.