Las multas de hasta 90 euros por acceder sin permiso a Madrid Central seguirán activas. Así lo ha establecido el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid, que ha confirmado la suspensión de la moratoria de sanciones que impuso el pasado 5 de julio al aceptar las medidas cautelarísimas de Ecologistas en Acción. De este modo, rechaza las alegaciones del Gobierno municipal liderado por José Luis Martínez-Almeida.

El magistrado Jesús Torres sostiene que “la existencia de deficiencias en el sistema de multas debe ceder ante la protección a la salud y al medio ambiente”, en referencia a la alegación municipal de que la gran mayoría se estaban imponiendo erróneamente, lo que obligó a anular 6.602 multas.

Además, argumenta que el acuerdo municipal que las suspendía desde el 1 de julio hasta, como mínimo, el 30 de septiembre “no ofrece ninguna alternativa para suplir la supresión de la zona de bajas emisiones, ni justifica tampoco que la misma haya sido ineficaz o haya producido un daño mayor del que trataba de evitar en el plano medioambiental”.

En este sentido, sostiene que el Ayuntamiento “cuenta con medios suficientes para depurar las anomalías que puedan producirse en un procedimiento sancionador y para ello no es imprescindible eliminar la vigencia de la zona de bajas emisiones, sin perjuicio de que tales deficiencias deben ser corregidas lo antes posible para que el sistema funcione con todas las consecuencias, incluida la sanción al infractor”.

Esta decisión se suma al auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid, que constituye un doble varapalo para el alcalde José Luis Martínez-Almeida. En un primer momento rechazó la reclamación del grupo municipal del PSOE de establecer como medida cautelarísima la suspensión de la moratoria sin oír al Gobierno municipal.

Pese a ello, esta semana ha acordado suspender la moratoria de las sanciones en Madrid Central  al entender que "priman los derechos al medio ambiente y la salud sobre las deficiencias en el sistema de multas".

Pese a ello, contra ambas resoluciones cabe la interposición de recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid.