Los taxistas madrileños han decidido este martes en un referéndum poner fin a su huelga indefinida, que concluye tras dieciséis días de paros y sin que la negociación del sector con la Comunidad de Madrid haya satisfecho ninguna de las reivindicaciones del colectivo respecto a la regulación de los vehículos de transporte con conductor (VTC).

Un total de 4.223 taxistas, el 53,9 % de los 7.483 que han participado en la consulta, se han decantado por interrumpir la huelga, mientras que 3.522 (el 44,9 %) han votado a favor de continuar los paros.

Los representantes del sector decidieron anoche convocar esta consulta tras haberse sentido "insultados" y "humillados" por el Gobierno autonómico, que volvió a rechazar sus exigencias respecto a la regulación de los VTC.

En respuesta a la última propuesta regulatoria de los taxistas, la Comunidad les invitó a que colaboren con sus propias iniciativas en la futura reforma del Reglamento del Taxi de la región y se comprometió a convocar una reunión extraordinaria del Comité Madrileño de Transportes con el objetivo de consensuar una regulación para los VTC, que en ningún caso será 'exprés'. 

El Gobierno regional de Madrid, que dirige el Partido Popular (PP, centroderecha), invitó a este colectivo (después de recibir una última propuesta regulatoria de los taxistas) a colaborar con sus propias iniciativas en la futura reforma del Reglamento del Taxi de la región.

También se comprometió a convocar una reunión extraordinaria del Comité Madrileño de Transportes con el objetivo de consensuar una regulación para los VTC, que en ningún caso será "exprés", según advirtió.

La última propuesta hecha por el sector del taxi abogaba por que sean los ayuntamientos los que regulen la actividad de los VTC.

Esa propuesta también rebajaba las pretensiones del colectivo del taxi tras el 'no' del presidente de la regional, Ángel Garrido, a sus demandas, como la contratación de los VTC se hiciera una hora de antelación y a una distancia mínima de cinco kilómetros.

Los taxistas de Barcelona, que también estuvieron en huelga el mes pasado, finalizaron la protesta después de que el Gobierno regional catalán regulara la precontratación de los VTC con una antelación mínima de 15 minutos, aunque los ayuntamientos locales podrán extender ese plazo a una hora.

Esta medida ha provocado que Uber y Cabify, las principales plataformas de VTC, dejaran de operar desde el día 1 de febrero en la ciudad, y que se hayan producido numerosos despidos.

La última reforma que hizo el Gobierno socialista español, el año pasado, delegó la regulación del sector a los gobiernos regionales, y éstos ahora intentan traspasar algunas de estas competencias a los ayuntamientos.