La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha pedido al juez el sobreseimiento de la causa de Púnica en lo que respecta a su participación ante "la ausencia absoluta del menor reproche en su conducta, no solo de carácter penal, sino administrativo o social".

En un escrito al que ha tenido este martes acceso Efe, la defensa de Cifuentes solicita al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón el sobreseimiento libre o al menos provisional para la expresidenta madrileña, imputada por la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad de Madrid.

El origen de la imputación está en un informe de la UCO de la Guardia Civil por la adjudicación de los contratos de cafetería de la Asamblea de Madrid a Arturo Fernández cuando ella presidía ese parlamento a cambio de dinero que ese empresario entregaría para el pago subrepticio de gastos electorales.

Según su defensa, no fue Cifuentes quien introdujo criterios favorables a Arturo Fernández en los pliegos de condiciones ni había incompatibilidad porque ella estuviera tanto en la mesa de contratación como en la comisión de expertos que estudió los criterios fijados.

A juicio de la defensa, el problema es que la UCO en su informe abordó un asunto jurídicamente completo sin "los conocimientos adecuados en materia tan especial como la contratación pública".

Tampoco conocía Cifuentes que Fernández hacía donaciones Fundescam, añade su defensa, que recuerda que todos los acuerdos se adoptaron por unanimidad y ninguna de las adjudicaciones fue recurrida.

También la desvincula de las acusaciones sobre su posible participación en la financiación irregular de las campañas autonómicas de 2007 y 2011 y de las generales de 2008.

En la primera, dice su defensa, era responsable de Movilización Territorial pero tenía por encima a cuatro personas, entre ellas Ignacio González, como jefe de campaña, Beltrán Gutiérrez y Borja Sarasola.

En la de 2008, era responsable de campaña de Dirigentes y Movilización, con más personas si cabe por encima, incluidos Gutiérrez y Sarasola, pero también Francisco Granados, Alfredo Prada o David Pérez, actual consejero del Gobierno de Madrid.

Insiste su defensa en que ella no tuvo ninguna intervención en la financiación de las campañas, pues solo se encargaba de la movilización, y cree que presumir que debía saber cómo se financiaba el partido es "desproporcionado y especulativo".

De hecho, añade, la UCO nunca la ha responsabilizado de esa financiación, con la que se la vincula a raíz de una declaración en términos "totalmente inconcretos" de Isabel Gallego, ex directora general de Medios de la Comunidad de Madrid, una persona a la que ella obligó a dimitir y desde entonces mantienen una relación de "enemistad".