El gobierno de Pedro Sánchez envía señales de un cambio significativo en la política migratoria de España. A la acogida del barco “Aquarius”, este próximo domingo en Valencia, se suma el anuncio del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la voluntad del Ejecutivo de quitar las concertinas de la valla que separa Ceuta y Melilla de Marruecos. También se apunta una modificación de la legislación sobre las denominadas “devoluciones en caliente”, clamorosamente denunciadas por las ONG. Es cierto que las propuestas inciales suelen ser luego matizadas, como ha ocurrido con la primera previsión de reconocer la condición de refugiados a los inmigrantes del “Aquarius”, que ahora se corrige. Pero parece clara la intención del gobierno de proponer un nuevo modelo migratorio que tenga como eje la solidaridad.

España, país de extensas fronteras, debe afrontar el fenómeno de las migraciones en el marco de la política europea, y ya vemos que la respuesta política a este desafío produce intensos debates en el seno de los gobiernos y de las sociedades europeas, como sucede estos días en Alemania. Se trata de ver si Pedro Sánchez ofrece un modelo viable ante una realidad compleja para la que no sirven respuestas parciales ni simplistas. Un modelo que ponga en el centro la dignidad de la persona y potencie el valor de la justicia en los procesos de acogida y hospitalidad, sin obviar la necesidad de que el Estado regule con realismo el flujo de personas que llegan, de modo que puedan ser adecuadamente integradas en nuestra sociedad.