Volver a la mesa de negociación

Los letrados judiciales, anteriormente conocidos como secretarios judiciales, iniciaron una huelga indefinida a finales del mes de enero. Desde entonces, el seguimiento de la huelga ha sido masivo. Dice el ministerio del que es titular Pilar Llop que se trata de una huelga política y que las reivindicaciones de los letrados, con salarios que discurren entre los 40.000 y 60.000 euros, están fuera de lugar.

Una huelga en los servicios públicos es siempre un tema complejo y controvertido. El ejercicio del derecho a la huelga concurre con los derechos de los ciudadanos, lo que obliga al titular del servicio a buscar con inteligencia y celeridad la resolución del conflicto. Era una buena noticia que el Ministerio de Justicia, a través de su Secretaría de Estado, convocara a una mesa de negociación al Comité de huelga. La mala noticia es que esa negociación ha fracasado tras una larga madrugada.

Los letrados piden adecuar su retribución y acceder a la negociación colectiva, respeto institucional y el cumplimiento de anteriores acuerdos. El Ministerio dice no tener nada que ofrecer más allá de su petición de que se desconvoque la huelga. Como sea, desde el pasado 24 de diciembre se han suspendido 15.200 juicios. Son muchos los ciudadanos afectados. Por ellos habría que regresar a la mesa. Los desafíos públicos y la táctica de desacreditar al otro no proceden cuando lo que está en juego es el derecho a la justicia.