Con los alegatos de la defensa y las palabras últimas de los acusados, el juicio del “Procés” queda visto para sentencia. Tras cuatro meses y medio centenar de sesiones con 422 testigos es la hora de los jueces, que deberán emitir una sentencia que se prevé pública durante el mes de octubre.

En las últimas horas hemos visto cómo la insistencia de los abogados tenía un nuevo enemigo a batir, la Fiscalía General del Supremo. A los abogados de los acusados no les bastaba ratificar su argumento de que se ha juzgado a unos políticos por sus ideas y no por los hechos ocurridos, que califican de desobediencia y no de rebelión. 

Ahora saben, con el lamentable apoyo de la Abogacía del Estado, que tenían que centrar todos sus esfuerzos en desmontar los argumentos de la Fiscalía para sostener su acusación de rebelión, sedición y malversación de fondos, que se habrían traducido en un “golpe de Estado”.

Los jueces de la Sala segunda del Supremo, que se han caracterizado en todo momento por su rigor y una profesionalidad digna de nuestra Justicia, deberán dictaminar si lo que ocurrió en Cataluña trasciende una serie de meros actos de desobediencia al Tribunal Constitucional y de irresponsabilidad política, o estamos ante un diseño conducente a alterar la arquitectura constitucional y el Estado de Derecho. 

El juicio más importante de nuestra democracia, en medio de un complejo momento político, está visto para sentencia. Será la justicia independiente, y no la política, quien tenga la última palabra.