El anuncio del veto de Hungría y Polonia al presupuesto europeo y a los fondos de reconstrucción, añade una inquietud más a la ya difícil gestión de las crisis sanitaria y económica desencadenadas por la pandemia del Covid-19. Este nuevo contratiempo parte de la reciente decisión de la Comisión Europea sobre la obligación de respetar el Estado de Derecho, que se traduce en supeditar el reparto de los fondos destinados a la lucha contra la pandemia, al respeto de las libertades fundamentales, seña de identidad de Europa. Polonia y Hungría están en el punto de mira de Bruselas pero la advertencia va dirigida también a España, ante la anunciada reforma del Gobierno que limitaría la independencia del poder judicial.

Es probable que en los próximos días se alcance algún acuerdo que permita el desbloqueo de veto húngaro y polaco. Pero la advertencia de Bruselas sigue vigente. La reciente decisión de instalar en La Moncloa un virtual “ministerio de la verdad” también ha encendido las alarmas europeas ante el riesgo de limitar la libertad de información, otro de los principios inviolables de Europa. Tampoco ha escapado a la atención del Parlamento Europeo la impunidad con que se celebran homenajes a los terroristas de ETA, a medida que cumplen sus sentencias. Con sus pactos de supervivencia, el gobierno de Sánchez se coloca en el punto de mira de la vigilancia europea, por si no bastaban sus errores en la gestión de la crisis sanitaria.