Una polémica absurda, pero de tintes dramáticos

A medida que pasan los días, el caso de la enseñanza en castellano en los colegios catalanes se está enquistando en una absurda polémica de tintes dramáticos, en la que los alumnos son las víctimas inocentes de los intereses políticos en juego. El nacionalismo está empeñado en forzar la inmersión lingüística como instrumento para asentar sus ambiciones separatistas. Pero la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la obligación de enseñar en castellano el 25 por ciento de las asignaturas impartidas, ha supuesto un revés para la Generalitat que, de entrada, ordenó a los colegios que no acataran la sentencia.

El único que no parece haberse enterado todavía del desafío a la sentencia del Supremo es el Gobierno de la nación, por la sencilla razón de que está atado de pies y manos por el independentismo. Para lo único que tiene oídos el Gobierno es para atender las reclamaciones de Esquerra Republicana y asegurar su apoyo a los Presupuestos del Estado. Para eso ha constituido un fondo especial para costear el doblaje al catalán de las películas producidas por las plataformas extranjeras, en el marco de la nueva Ley Audiovisual que se tramita en el Congreso. Mientras, el Partido Popular exige, en vano, una Ley de Lenguas que asegure el bilingüismo, así como la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir las competencias de la Generalidad en Educación. ¿Hasta dónde llegará la sordera del Gobierno de Pedro Sánchez?