Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) están en huelga indefinida desde el pasado 24 de enero. Desde entonces se han suspendido 356.000 juicios y vistas. Reclaman subidas salariales y cobrar el 85% del sueldo de un juez. La huelga, que ha paralizado mucha actividad judicial provocando numerosos perjuicios, ha abierto un debate sobre las funciones de estos letrados y sobre si su poder es excesivo.

La notificación de una sentencia tiene que llevar la firma de un Letrado. Esas notificaciones se hacen por medio de Lexnet, el sistema electrónico de notificaciones implantado en nuestro país. Las notificaciones las prepara el funcionario encargado de la gestión del expediente y las hace la plataforma Lexnet. Desde que se inició la huelga, los funcionarios tienen prohibido notificar las sentencias que dictan los jueces, pero el valor de la notificación no está en la firma del Letrado, sino en la fiabilidad de la aplicación informática.

Se están suspendiendo vistas de procedimiento judiciales, civiles o penales, en las que no interviene desde hace años un Letrado de Administración de Justicia. Los juicios se graban en video y el archivo es inalterable con o sin su firma. Estos profesionales tienen derecho a reivindicar las mejoras que consideran justas, pero esta huelga está utilizando medidas de presión desproporcionadas.