La negociación entre Criteria y la compañía pública energética de Emiratos Árabes, Taqa, para la adquisición de la energética española Naturgy, no debe servir para que el Gobierno alimente ciertas ansias intervencionistas que se traduzcan en nacionalizaciones encubiertas. Esa es una idea acariciada por el ala más radical de izquierdas de los socios de Pedro Sánchez en el Gobierno, que sueña con que el Estado se convierta en el motor principal de nuestra economía. Lo que necesitan las grandes empresas españolas es dinamismo financiero y competitividad. Taqa ya está presente en el mercado español a través de su participación en Cepsa y Enagás. Emiratos Árabes Unidos, propitaria de Taqa, mantiene un perfil de mayor neutralidad en la política internacional que otros países con relevantes participaciones en ese sector, por ejemplo, Arabia Saudí. La operación pone de manifiesto también la complejidad de las relaciones entre el Gobierno y CriteriaCaixa, actores en los procesos de cambio accionarial en Telefónica.

Es lógico que el Gobierno ejerza una supervisión de la operación en marcha, al tratarse de un sector estratégico y de una compra relevante de capital. Pero el Ejecutivo tiene muchas maneras de defender los intereses estratégicos de España. La obligada supervisión de determinadas operaciones financieras no debe traducirse en un intervencionismo negativo para la economía española. Lo que se necesita es establecer un marco legislativo en el que se garantice la libertad, dentro del marco regulatorio europeo, para proyectar una imagen de estabilidad de la economía española cara a los mercados internacionales.