En estos días de debate sobre los presupuestos del Estado, la reforma laboral y las pensiones, bajo la sombra de los fondos europeos, todo parece girar alrededor de los problemas económicos. Ciertamente, la economía importa y mucho, y además está directamente relacionada con la ética y con la justicia. Pero el cuidado del bien común, que es el objeto de la verdadera política, exige también poner el acento en la dimensión cultural, política e institucional, tanto desde el gobierno como desde la oposición.

Si el gobierno de Pedro Sánchez está en declive a la mitad de la legislatura, no se debe solo a sus vaivenes y trapisondas en el campo económico, sino a su intento de controlar al poder judicial, a sus alianzas con el independentismo, y a su intento de control ideológico de la sociedad a través de leyes sectarias.

Este fin de semana se va a debatir en el congreso “Católicos y Vida Pública”, organizado por la Fundación San Pablo CEU, el peligro que supone para las libertades la ideología de la “corrección política”. La preocupación que suscita esta especie de seudo-religión laicista, ha inducido a un grupo de intelectuales norteamericanos a fundar una universidad destinada a defender la libertad de expresión y la confrontación de ideas, frente a la creciente imposición de una nueva censura política y cultural que amenaza con corromper la democracia en sus raíces.