Lo ocurrido ayer en el Parlamento de Vitoria es un síntoma preocupante del protagonismo que Bildu puede adquirir en la política española gracias a Pedro Sánchez. El hecho de que el diputado Julen Arzuaga se atreva a llamar a los policías, guardias civiles y ertxainas “nazis” y “asquerosos”, y diga que “son un lobby infecto”, no es un anécdota más en el debate de una ley propuesta por el PNV y el PSOE que pone en entredicho la atuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el País Vasco durante la dura lucha contra el terrorismo de ETA.

Bildu, el partido heredero político de ETA, se ha convertido en un interlocutor necesario para Pedro Sánchez, que no hubiera podido convalidar los decretos de los viernes sin su apoyo en la Diputación Permanente del Congreso. Es más, el partido de Otegui ya se ha ofrecido a  Sánchez para convertirse en socio permanente de un futuro gobierno. Con esta alianza, el PSOE se hace rehén de un partido que administra el legado de ETA, que no ha condenado el terrorismo ni ha pedido perdón a las víctimas, entre las cuales se cuentan numerosos socialistas.

Sánchez debe aclarar antes del 28 de abril cuáles son sus líneas rojas, si es que las tiene, a la hora de recabar apoyos para formar un hipotético gobierno. Y los líderes del PSOE deben explicar si están más cerca de  quienes defienden la Constitución y el Estado de Derecho, o de quienes buscan su destrucción.