El discurso del Rey Felipe VI durante la entrega de los despachos oficiales a la 78 ª promoción de la carrera judicial, pronunciado ayer en Barcelona, es un espaldarazo a la independencia judicial y al ejercicio autónomo de la judicatura en un momento en el que desde diversos frentes se está cuestionando el trabajo de los jueces, de quienes ha dicho que son “independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. Felipe VI ha dejado claro que “la independencia del Poder Judicial como institución es imprescindible para el adecuado funcionamiento de nuestra democracia, así como la de cada juez en el ejercicio de su función jurisdiccional”, además de insistir en que “el respeto a las resoluciones dictadas por los órganos judiciales y la igualdad de todos ante la ley son condiciones indispensables de la democracia”.

Nadie puede pensar que las palabras del Rey tienen carácter protocolario o son meras obviedades. Las circunstancias en las que se han pronunciado confieren a este discurso una particular relevancia. La ley de amnistía y las acusaciones a los jueces, incluso en sede parlamentaria, de actuar por motivos políticos, representan un ataque a su función esencial y una quiebra de la separación de poderes, un principio que Felipe VI ha calificado como básico para la pervivencia de la democracia.

No es de menor importancia, en el contexto de la elaboración de la Ley de Amnistía, la llamada del Rey a “asegurar la eficacia y la aplicación del Derecho Comunitario, así como el respeto hacia los valores en los que se fundamenta la Unión”. Una vez más, la palabra de Felipe VI ofrece claridad, cordura y estabilidad en medio del desbarajuste institucional que está padeciendo España.