¿Quién garantiza los derechos de los catalanes?

El despliegue policial para permitir la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona es una prueba más del fracaso de la política del Gobierno hacia Cataluña. Por encima del desafío independentista, la mayor crisis constitucional desde el 23-F, Pedro Sánchez ha situado la aprobación de los presupuestos y la continuidad de una legislatura que hace aguas por todos lados con el escuálido apoyo de 84 diputados. Solo así se explican cesiones al nacionalismo como fue ayer una reunión que los independentistas han conseguido dar la apariencia externa de una cumbre bilateral entre dos estados. Una vez más Quim Torra logra marcar el paso.

Las protestas de profesores, personal sanitario o bomberos de las últimas semanas, reflejo del desgobierno en Cataluña, ceden ante el delirante relato independentista y las protestas antisistema alentadas desde el ejecutivo autonómico, convirtiendo lo que inicialmente quería ser un gesto de distensión en nada menos que un acto de provocación. Como representante de todos los españoles, el Gobierno de la nación tiene la obligación de recuperar la normalidad democrática en Cataluña y garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Esa es la única distensión que debería preocuparle a Pedro Sánchez, aunque para ello se quede sin socios para aprobar sus presupuestos.