En las negociaciones para la investidura de Sánchez los independentistas llevan la iniciativa. Exigieron que se calificara lo que sucede en Cataluña como un conflicto político y lo consiguieron. Este martes pidieron lo que llamaron un reconocimiento institucional mutuo, o sea una llamada de Sánchez a Torra, y lo consiguieron. Sánchez la enmascaró con una ronda de conversaciones con presidentes autonómicos que no hacía ninguna falta. Y Torra despreció la llamada porque reclamaba bilateralidad. Lo último ha sido que Junqueras, desde prisión, haya reclamado una mesa de negociación entre Gobiernos. En circunstancias normales, que un condenado por sedición a 13 años de cárcel hubiera asumido visiblemente el liderazgo de las negociaciones y hubiera pedido un diálogo que acaba con el marco constitucional habría sido suficiente para romper esas negociaciones. Pero Sánchez no ha rechazado el órdago de Junqueras y ha asegurado que el diálogo se tiene que producir en el marco de la seguridad jurídica que emana de las leyes democráticas. Esta fue la fórmula utilizada en la Cumbre de Pedralbes, donde expresamente se evitó citar la Constitución.

Sánchez está ya en el mismo punto en el que estaba cuando celebró una cumbre bilateral con Torra. No es de extrañar que algunos líderes autonómicos como Page y Lamban hayan expresado sus quejas. Como dice Page, sobre lo que afecta todos los españoles tienen que hablar todos los españoles.