Las cifras que ofrece el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre los asesinados y los detenidos en Nicaragua desde el pasado mes de abril son escandalosas. Trescientas personas han fallecido y alrededor de 150 han sido detenidas, acusadas de terrorismo. La publicación de estas cifras se suma a la resolución de la Organización de Estados Americanos que insta al Gobierno de Ortega a colaborar con las investigaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Daniel Ortega ha intentado que las reuniones con la ONU acabaran en medidas de mediación que, por el momento no se han materializado. Los organismos regionales no parecen dispuestos a cejar en su empeño por conocer las implicaciones del Gobierno de Nicaragua en las muertes, desapariciones y detenciones producidas desde el mes de abril. Lo que sigue, con toda probabilidad, serán sanciones bilaterales.

Ortega ha decidido guardar silencio, quizás para no avivar las manifestaciones, y dejar que las aguas se calmen. Es un buen momento para mantener firme la denuncia y, al mismo tiempo, presionar al Gobierno de Ortega para que acepte una nueva negociación que lleve al país a la convocatoria de elecciones. No hay otra salida para Nicaragua.