La pandemia del Coronavirus puede agrandar las grietas de nuestro sistema económico y de bienestar social. Se ha puesto en evidencia la pobreza crónica en diversos sectores, una pobreza que corre riesgo de  agudizarse. Es el momento de hacer un significativo esfuerzo para garantizar los derechos de las personas más vulnerables, en particular las familias que con el paro y la ausencia de recursos están teniendo que afrontar el duro día a día.

Cáritas ha pedido, a través de un documento bien argumentado, un Ingreso Mínimo garantizado para aquellos sectores más vulnerables, destinado a reducir el impacto de la crisis en la población más insegura económica y socialmente. Tres colectivos deben ser tenidos en cuenta de forma preferente a la hora de destinar estos fondos: los hogares sin ingresos en situación de pobreza; los hogares con altas tasas de precariedad laboral y las familias con hijos a cargo en situaciones de pobreza infantil.   

Esta propuesta de Cáritas no debe confundirse con el intento de determinados populismos simplistas que quieren convertir al Estado en el actor principal del escenario tras la pandemia. El Estado cumple una función básica de garante de la igualdad a través del sistema impositivo, tanto de personas como de empresas, y a través de sus políticas, pero no puede pretender ser el único referente de la actuación social. La iniciativa de la sociedad civil y el ejercicio de responsabilidad de los agentes económicos, especialmente los empresarios, suponen una energía constructiva imprescindible. No caigamos en cerrojos ideológicos que contraponen lo público y lo privado, cuya colaboración es absolutamente necesaria.