La propuesta de Dolores Delgado como nueva fiscal de Sala de Memoria Democrática ha generado un amplio rechazo en ámbitos judiciales, y especialmente en la mayoritaria Asociación de Fiscales que pide la dimisión del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Las razones que aducen no son menores. La principal es que la exministra de Justicia y exdiputada socialista ocuparía un puesto cuya actividad está relacionada directamente con los trabajos de su actual pareja, el exjuez Baltasar Garzón. Entre otras cuestiones, Dolores Delgado es habitual conferenciante de la fundación de su marido, dedicada a las materias sobre las que después tendrá que actuar en esa fiscalía. Estamos ante un evidente conflicto de intereses, motivo suficiente para que Dolores Delgado renuncie a esa posibilidad y permanezca en su puesto de fiscal en la Sala Militar.

El actual Fiscal General, además, ha implicado a su predecesora en el cargo, Consuelo Madrigal, con acusaciones infundadas, como ha denunciado la Asociación de Fiscales. Una vez más queda en entredicho el prestigio de una institución clave para el buen funcionamiento del Estado de Derecho. Una institución que debiera romper la vinculación política y el sometimiento a los dictados del Gobierno para ganar en credibilidad. Las decisiones del Fiscal General del Estado no pueden sustraerse a una exigencia ética y a una obligada ejemplaridad institucional. Es posible que la propuesta de nombramiento de Delgado llegue a encajar en la legalidad, pero no con la exigida responsabilidad moral.