El pasado mes de marzo el Parlamento de Navarra aprobó la ley de reconocimiento de víctimas de actos violentos causados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. En ese momento los socialistas navarros se abstuvieron por las dudas que suscitaba un texto que habían denunciado las fuerzas constitucionalistas porque equiparaba a las víctimas de ETA con las de supuestos abusos policiales. Seis meses después, constituido un nuevo Parlamento, PP, Ciudadanos y Vox han recurrido ante el Tribunal Constitucional la citada Ley. En esta ocasión, las dudas del PSN se han aclarado. Los socialistas navarros han votado con Bildu, Geroa Bai y Unidas Podemos contra el recurso que debe aclarar la constitucionalidad del texto.

El tema de fondo, sin embargo, no es realmente ese. El Constitucional dictará sentencia y en su caso, habrá que revisar la Ley. El problema de fondo es que ETA sigue distorsionando la historia, y que el PSN, debido a sus ataduras, entra en su juego. Estábamos acostumbrados a que los nacionalistas y la extrema izquierda participen de esta ambigüedad culpable, que esconde el hecho de que el terrorismo etarra jamás ha sido la respuesta a un supuesto conflicto previo o estado de represión. Lo dramático es que los socialistas se presten a estas escaramuzas porque están pagando el precio de gobernar en Navarra con la aquiescencia de los herederos de ETA.