Con el apoyo sustancial de los herederos políticos de ETA, el Gobierno de Pedro Sánchez va a dar un paso más en su agenda legislativa de ruptura de los consensos básicos de la Transición. En este caso se trata de la Ley de Memoria Democrática, una vuelta de tuerca a la Ley de Memoria histórica que aprobó Zapatero.

Para que se pudiera desatascar el trámite parlamentario de esta ley, Bildu ha conseguido del presidente del Gobierno que la norma extienda la reparación a las víctimas de los GAL hasta el 31 de diciembre de 1983, fecha posterior al asesinato de los etarras Lasa y Zabala. Esto permite a Bildu convertir a los terroristas en víctimas de una supuesta lucha del Estado contra ETA. De esta forma, ese período se entendería como el posfranquismo, la continuidad institucional del régimen del dictador, sin asumir que Franco murió en 1975 y que la Constitución Española, ratificada por el pueblo español en diciembre de 1978, inauguró una nueva etapa de nuestra historia.

Con este giro en la Ley de Memoria Democrática, Pedro Sánchez se somete al dictado de Bildu y pone en entredicho la lucha de la democracia contra el terrorismo de ETA. Este escandaloso pacto parlamentario del PSOE con la franquicia de ETA representa una profunda injusticia para los españoles y, en especial, para tantos socialistas que se enfrentaron al terrorismo pagando una alto precio de sangre.