Operación política de enorme gravedad

Desde aquella impúdica pregunta retórica con la que Pedro Sánchez interrogaba a una periodista acerca de quién dependía la Fiscalía, las andanadas del Gobierno contra la independencia del Poder Judicial no han cesado. Hace unas semanas un grupo de miembros del Consejo General del Poder Judicial pidió al Gobierno que se les consultara antes de plantear la primera reforma del órgano judicial.

Para que constara, se envió un primer aviso a navegantes desde un grupo de miembros más que molestos por lo que estaba sucediendo. El Gobierno apenas acusó recibo y siguió adelante con una reforma que se mantiene activa de forma paralela a otra que ahora plantea con urgencia.

El malestar y las protestas explícitas han vuelto. Un nuevo grupo de diez vocales del Consejo, incluida una persona propuesta por el PSOE, ha remitido este lunes dos escritos al presidente Carlos Lesmes, donde piden que el órgano sea escuchado en la nueva reforma exprés, planteada por PSOE y Podemos para impedir que el Consejo pueda realizar nombramientos cuando algunos de sus miembros se encuentren en funciones.

Alterar las competencias y reglas de juego del poder judicial establecidas por mandato constitucional, es una operación política de enorme gravedad. Son los propios magistrados los que lo están señalando alto y claro: si el Gobierno sigue por este camino corren peligro las bases del sistema democrático.