El debate ha quedado zanjado en la coalición de gobierno: habrá subida del SMI. La cuestión es cuánto, aunque lo previsible es que se imponga una opción moderada, a la vista de las dudas técnicas y del rechazo de la CEOE. Aumentar el salario mínimo y mejorar la calidad del empleo son dos objetivos asumibles por cualquier gobierno de cualquier color. Desde la propia OCDE, que agrupa a los países más industrializados, se han cuestionado políticas de los últimos años centradas exclusivamente en la flexibilización laboral. El error está en presuponer que uno y otro objetivo van siempre de la mano.

El Banco de España advirtió en junio de que la última subida del salario mínimo, en 2020, frenó la creación de empleo entre los colectivos con menores salarios, a lo que Podemos respondió con un llamamiento a “correr a gorrazos” al gobernador, Hernández de Cos. Es un indicio más de que el marketing político se está imponiendo a los argumentos de tipo técnico, que aconsejan cautela para evitar efectos no deseados, como la proliferación de la economía sumergida o la disminución de la creación de empleo, potenciándose la dualización entre quienes están dentro y fuera del sistema. Crear empleo de calidad requiere estrategias más complejas y a largo plazo, y por ello el Gobierno debería pensárselo dos veces antes de comenzar el curso enfrentado a la patronal, con la que tanto presume de haber llegado a acuerdos