La forma en que se desarrolla la negociación de los presupuestos del Estado tiene más que ver con la necesidad de Sánchez de asegurar el apoyo de sus socios que con la respuesta al desafío de la recuperación postpandemia. Así se explica el plus de financiación para algunas regiones como Cataluña, y el castigo apenas disimulado a la Comunidad de Madrid, que parece considerar una plaza perdida. Del mismo modo, Sánchez se apresta a satisfacer las demandas del PNV en transferencias e infraestructuras, e incluso a rectificar su decreto sobre las eléctricas ante la amenaza de su portavoz, Aitor Esteban, de dar por finiquitada la legislatura.

Está claro que la aritmética parlamentaria exige alcanzar acuerdos, y que eso implica ceder aquí y allá, pero no es aceptable la sensación de que la negociación se ha convertido en una mera compra de votos, sin apenas disimulo. Se echa en falta un diseño presupuestario serio y en consonancia con la dura circunstancia que atravesamos. No se puede fiar todo a un gasto sin tasa, aunque Europa haya ablandado los controles del déficit y la deuda por el momento, porque después llegará un ajuste muy duro. Y tampoco es aceptable la falta de transparencia y la inequidad en el trato dispensado a las Comunidades Autónomas, que no puede estar en función de dependencias y menos aún de chantajes descarados.