El coronavirus no es solo una prueba de resistencia para el sistema sanitario, también lo es para nuestro sistema económico, para la vida social y para el sistema de libertades. Desde hace décadas no se había exigido a las sociedades democráticas una renuncia a libertades básicas, como las de circulación y reunión, en beneficio de bienes mayores, como en este caso la salud. Todo sistema de libertades es un sistema en el que los diferentes derechos se limitan mutuamente.

Hasta finales de marzo estaba bastante claro, con algunos matices, cómo se autolimitaban los derechos constitucionales. Pero el coronavirus está suponiendo una importante tensión entre los diferentes derechos. Por eso el Tribunal Supremo ha obligado al Gobierno a detallar qué material de protección distribuye y cómo lo reparte entre el personal sanitario: el deber de prestar atención médica no puede entrar en colisión con el derecho a la vida. Y también por eso hay un grupo de juristas que han pedido al Defensor del Pueblo que impugne un estado de alarma que, en realidad, sería un estado de excepción.

Es incomprensible que en estas circunstancias una de las personas designadas por el Gobierno para garantizar la seguridad diera a entender que se trabaja para limitar la libertad de expresión contra la actuación del Ejecutivo. Aquí el bien jurídico protegido es muy claro y la colisión de derechos inexistente. Contra los bulos no se lucha con menos libertad. No podemos salir de esta crisis menos libres