Son muchos los aspectos preocupantes del proyecto de Ley de memoria democrática que entra ahora en su tramitación parlamentaria. La pretensión de establecer por ley una “historia oficial”, que debe ser llevada al sistema educativo es una imposición intolerable en un Estado democrático. Una vez más, el Estado rompe con la neutralidad que le es propia e instrumentaliza la enseñanza. Esta pretensión de la nueva ley afecta también a la libertad de educación de los padres y a la libertad docente.

Otro de los puntos preocupantes es la obesión del Gobierno con la Abadía Benedictina de El Valle de los Caídos. El arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, ha escrito un twitt en el que aclara que, aunque no conocemos en detalle qué quiere hacer el Gobierno con el Valle de los Caídos, “hay que recordar que la Iglesia, particularmente la comunidad benedictina allí presente, ha rezado siempre por la reconciliación y por todas las víctimas. La cruz es símbolo de amor y entrega”. Como destaca el arzobispo de Madrid, la oración por el eterno descanso de todas las víctimas, sin distinción, ha sido la característica de un espacio destinado a la reconciliación de todos los españoles.