A petición e la Fiscalía, el juez de Vigilancia Penitencia de Barcelona acordó ayer suspender la situación de “tercer grado” de cinco de los presos más relevantes del proceso del 1-O, decisión que fue comentada por el vicepresidente Iglesias como una “mala noticia”. El comentario revela la dependencia nefasta del Gobierno respecto de los promotores de la sedición en Cataluña. Sin embargo para el Tribunal Supremo, que dictó la sentencia condenatoria en su día, la “mala noticia” fue la decisión de la Generalidad de Cataluña de aplicar el “tercer grado”, porque esa medida puede suponer burlar la justicia.

El beneficio de un régimen de semilibertad para cualquier condenado tiene como objetivo la reinserción social, siempre y cuando se haya arrepentido de sus delitos. No es el caso, ya que los condenados por sedición no han dejado de insistir en que volverán a repetir los mismos actos. Antes de volver a prisión, uno de los líderes del soberanismo, Jordi Cuixart, ha reclamado al Gobierno una amnistía inmediata. Aquí radica el meollo de la estabilidad de Pedro Sánchez, si se empeña en rechazar un pacto con la oposición que le permita deshacer la maraña de sus acuerdos con los independentistas para formar Gobierno. Su dilema es simple: o ceder a las pretensiones de los condenados por sedición, haciendo inútil el esfuerzo de la Justicia, o ruptura con el separatismo. De la decisión que tome dependerá que la noticia sea buena o mala.