La mayoría de los vocales del Consejo Fiscal se ha plantado. Han elaborado un informe contra la Ley de Amnistía, como respuesta a la petición del Senado, que no deja lugar a la duda y que retrata al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Una amnistía, como recuerdan los fiscales, supone la quiebra de separación de poderes como elemento estructural del Estado de Derecho y supone el incumplimiento de los principios de seguridad jurídica y de interdicción. Asimismo, afirman que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no puede ser utilizada como precedente para avalar la constitucionalidad de la amnistía. Los fiscales que firman el informe acusan a García Ortiz de ocultarles las reiteradas peticiones del Senado para informar sobre la Ley.

En medio del dislate que está suponiendo la reedición agravada del Gobierno Frankenstein, el Poder Judicial está erigiéndose en un auténtico dique de contención. El sanchismo lo sabe y no ha perdido oportunidad de salir en tromba para cargar contra los jueces y utilizar a la carta el resbaladizo concepto de lawfare. Es importante dar visibilidad a esta batalla porque en ella nos jugamos la salud de la misma democracia y hay que seguir agradeciendo los ejemplos de fiscales que se atreven públicamente, con nombre y apellidos, a decir al Fiscal General del Estado que ellos no están dispuestos a pasar por el aro del cambalache político, ni a arrastrar, como sugería con expresión preocupante Cándido Conde Pumpido, sus togas por el polvo del camino.