Con la excusa de que es urgente romper el bloqueo de la renovación del Consejo del Poder Judicial, el presidente Sánchez, con el caluroso aplauso de sus socios de Podemos, ha anunciado una propuesta de modificar unilateralmente la Ley Orgánica del Poder Judicial, de modo que los nombramientos se puedan llevar a cabo por mayoría absoluta del Congreso. Un paso de esa naturaleza supondría una peligrosa ruptura de la separación de poderes tal como está consagrada en la Constitución.

Es cierto que la presidencia del Consejo General del Poder Judicial cumplió su mandato hace dos años y que la falta de acuerdo entre las fuerzas políticas mayoritarias impide la adecuada renovación del Consejo. La fórmula actual establece la necesidad de que los miembros del Consejo sean elegidos por una mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara; esto puede hacer trabajoso el acuerdo pero garantiza un consenso muy amplio. Modificar la obligatoriedad de esa mayoría con el rodillo parlamentario significaría romper uno de los equilibrios básicos del sistema y abocaría a una politización mayor de la Justicia.

Si ese proyecto es algo más que un amago para forzar al PP a pactar en condiciones de debilidad, y llega a llevarse a cabo, suscitará también alarma en Europa, y puede amenazar la llegada de los fondos para la recuperación. Hay líneas rojas en nuestra democracia que nadie debería traspasar.