Línea editorial: "Transparencia"

El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite 20 querellas y 30 denuncias contra el Gobierno porque considera que no está debidamente justificada la autoría de hechos punibles en la gestión de la pandemia. El Supremo dice que investiguen los juzgados ordinarios y apunta que, aunque ciertas conductas no tengan relevancia penal, eso no santifica actuaciones erróneas de graves consecuencias sociales. Ya veremos cuáles son las consecuencias de estas investigaciones que se abran en los juzgados ordinarios. En Italia y en Francia se están llevando a cabo investigaciones judiciales. En Alemania y en Suecia los propios Gobiernos han encargado una comisión parlamentaria.

Las responsabilidades penales son las últimas responsabilidades posibles Hay también responsabilidades las políticas. Y para determinarlas tenemos que saber lo que pasó. En agosto un grupo de prestigiosos científicos pidió en The Lancet que se hiciera una auditoría de lo sucedido. El ministro Illa tardó muchas semanas en recibir a los autores de esa petición. Lo hizo en octubre y prometió que pondría en marcha la investigación en el Consejo Interterritorial de Sanidad. Una solución poco acertada, porque los miembros de ese Consejo son el Gobierno y las Comunidades Autónomas, que son los que tienen que ser investigados. Pero este es el momento en que el que todavía no han empezado los trabajos. No hay voluntad alguna de evaluar lo que se hizo. Falta transparencia. No se le exige al Gobierno que acertara en todo, pero sí que fuera diligente con la información disponible en los primeros momentos.