Perseguidos y obligados a abandonar Myanmar, a la pesadilla de los refugiados rohingya se le siguen añadiendo nuevos capítulos en Bangladés. Ayer comenzaron las deportaciones de refugiados a la remota isla de Bhashan Char. La prensa progubernamental habla de traslados voluntarios que ofrecen la oportunidad de comenzar una nueva vida. Las ONG presentes sobre el terreno presentan una realidad bien distinta, con hasta 100.000 personas expulsadas a la fuerza, en ocasiones separadas de sus familias. La ONU, por el momento, se ha limitado a aclarar que no ha participado en estos operativos y que todos los traslados deben ser voluntarios.

Se refleja ahí la ambigüedad de la comunidad internacional, que más allá de condenar las actitudes del gobierno birmano, el primer responsable de esta crisis humanitaria, no ha sabido o no ha querido responder de forma eficaz a la situación insostenible de los 900.000 refugiados rohingyas llegados en penosas situación a Bangladés, sobrepasado por estas cifras. No es un caso atípico. De los 80 millones de personas desplazadas a la fuerza de sus hogares, el 85% vive en países en desarrollo, a menudo en campos que ni de lejos reúnen las condiciones mínimas de salubridad. A veces, como ahora, sucede que su drama despierta el interés de la prensa internacional, y durante un breve lapso de tiempo los refugiados dejan de ser invisibles.