Cuando Pedro Sánchez, por fin, ha decidido hablar abiertamente de la amnistía y dejarse de eufemismos, porque los cálculos ya le permitían nombrarla, lo ha hecho sin ruborizarse y la ha invocado en el nombre de España. En el Comité Federal de este fin de semana se ha limitado a decir que lo que se apruebe tendrá encaje constitucional.

Sánchez ha venido a decir que, sin ceder al chantaje de los independentistas, no habrá gobierno y que, por supuesto, él está dispuesto a ceder con tal de mantenerse en La Moncloa. De hecho, ha ido un poco más allá, cuando se ha atrevido, en un gesto autocrático sin precedentes, a decir que aprobará la amnistía para los delincuentes del Procés en nombre de España, como si entendiese que el Estado es él y que también, por supuesto, España es él y sus intereses. Hace ya tiempo que el Presidente en funciones ha dado muestras de esta deriva, y nos hemos acostumbrado a que confunda el bien común con el interés general, el interés general con el interés particular del PSOE y el interés del PSOE con el suyo propio. Una deriva en la que ha tratado de colar la mentira como si de constantes cambios de opinión se tratara, y en la que ya tenemos suficientes indicios para intuir que esta amnistía, que se realizará exclusivamente en el nombre de Pedro Sánchez, puede ser el primero de muchos chantajes que protagonicen una legislatura tan incierta como preocupante.