Línea editorial: "Las razones de los obispos frente a la ley trans"

¿A quién debe dirigirse la Iglesia en un país tradicionalmente católico, como España, pero crecientemente plural? ¿Solo a los católicos, o como grupo social de especial relevancia, está legitimada para pronunciarse en el espacio público sobre todas aquellas cuestiones que considere importantes para la defensa del bien común, del mismo modo que destina su acción social a todas las personas vulnerables, sin excepción? El principal colaborador del Papa, el cardenal Parolin, suscitaba esta cuestión durante la celebración en Roma de la Virgen del Pilar. La Conferencia Episcopal acababa de hacer pública una nota con duras críticas a la ley del aborto y a la ley trans, en la que se afirma que “un estado democrático no puede imponer una peculiar y reducida visión antropológica”.

Tan reducida es esa visión que, con la ley trans, ni siquiera dentro de la coalición del Gobierno hay sintonía, y no es para menos. Subrayan los obispos que “más del 70% de los niños que piden cambiar de sexo, cuando pasan la adolescencia, no siguen pidiendo el cambio”, a pesar de lo cual la futura ley favorece un enfoque quirúrgico, sin vuelta atrás. Es obvio que en democracia existe la pluralidad ideológica y los gobiernos están legitimados para impulsar el programa para el que fueron votados, pero no a costa de vulnerar derechos de terceros, que es justo lo que se produce con los irreparables daños que generará la ley trans, o con el desprecio a la objeción de conciencia en la ley del aborto. De ahí que la Iglesia no solo esté legitimada para pronunciarse públicamente sobre estas cuestiones, sino que se sienta moralmente obligada a hacerlo.