En el juzgado de instrucción número uno de Barcelona, el juez Joaquín Aguirre ha tomado declaración en las últimas horas a las 21 personas detenidas por desviar presuntamente fondos para sostener a Puigdemont y la operación de secesión de Cataluña. Ya veremos cómo acaba la investigación judicial, de momento tenemos varios indicios.

El juez ha encontrado indicios de malversación, blanqueo y prevaricación. Parece que había una trama que ha estado pagando, con el dinero de todos, el proceso de secesión, el vandalismo de Tsunami Democratic y los numerosos gastos de Puigdemont en Bruselas.

Es probable que los miembros de la trama estuvieran tan dispuestos a desestabilizar España y la Unión Europea que contactaran con un grupo ruso. Todo esto tiene que ser confirmado y convertido en verdad jurídica. Pero el solo hecho de que un juez lo esté investigando significa que, afortunadamente, la agenda política y la agenda judicial en España son diferentes. El Gobierno de Sánchez quiere reformar el delito de sedición para reducir las penas de los condenados, lo que también puede hacer más fácil el futuro de Puigdemont. Con esta investigación judicial el plan de Sánchez se hace más difícil. Una vez más queda claro lo necesario que es tener una justicia independiente.